GRAVE ACCIDENTE EN ASCÓ
Rosendo
En
noviembre del año pasado se produjo un accidente relevante en
la central nuclear de Ascó 1 durante las tareas de limpieza efectuadas
tras completar la carga de material fisionable en el reactor. El mismo
aconteció cuando varios litros de fango y de agua contaminada,
que habían sido recuperados manualmente mediante bombeo y aspiración,
fueron vertidos ‘por error’ cerca de una rejilla de ventilación
en la piscina del combustible gastado. La puesta en marcha del sistema
de aspersión provocó que material radiactivo entrase en
la rejilla de captación de aire y quedara retenido en los filtros
de seguridad. Una incorrecta maniobra de descontaminación, que
no tuvo en cuenta la limpieza de los filtros y tuberías exteriores,
favoreció la evacuación de partículas ionizantes
al sistema de ventilación general y su posterior expulsión
fuera del recinto nuclear.
Sea como fuere, la contaminación no se detectó hasta el
14 de marzo del presente año 2008, si bien el suceso no se dio
a conocer a la opinión pública hasta principios del mes
de abril. Y todo sucedió de una forma rocambolesca pues, a pesar
de los intentos de ocultación del accidente por parte de la Asociación
Nuclear Ascó-Vandellós, una filtración interna
al grupo ecologista Greenpeace puso en alerta al Consejo de
Seguridad Nuclear, hasta ahora ignorante de lo acontecido, a pesar de
ser el organismo encargado por velar de la seguridad en las instalaciones
atómicas. A nivel oficial, se intentó calmar a los ciudadanos
afirmando que se trató de una diminuta fuga de partículas
en las inmediaciones del recinto del reactor. Pero, en sucesivos días,
la intensidad del escape y su radio de acción fue ampliándose,
paulatinamente, conforme se encontraban nuevas partículas cerca
de las terrazas del edificio de combustible, en el doble vallado que
rodea la instalación, en el límite de los terrenos que
son propiedad de la central y en el exterior del recinto industrial,
hasta que finalmente se ha aceptado que se han hallado trazas de contaminación
junto a la línea de ferrocarril y en las inmediaciones del río
Ebro.
Las organizaciones ecologistas afirman que el grado de contaminación
emitida al exterior supera considerablemente al admitido por la central,
lo que constituye un fenómeno sin precedentes en la historia
nuclear catalana desde el incendio de la, hoy en día clausurada,
central Vandellós 1. La desinformación que caracteriza
a los comunicados de la ANAV, incompletos, parciales, y tan técnicos
que sólo los ingenieros nucleares pueden entenderlos, hace que
se haya exigido mayor transparencia informativa, de cara a los medios
de comunicación, para evitar suscitar la alarma ciudadana. Urge
la elaboración de un mapa completo de la composición y
difusión de las partículas contaminantes y una explicación
de las medidas adoptadas para solventar el problema, tanto de los operarios
de propia central como de lo técnicos del CSN y del CIEMAT. Lo
que está claro es que alguien está mintiendo y se precisaría
depurar responsabilidades. Porque lo que inicialmente fue clasificado
como ‘anomalía de nivel 1’ en la Escala Internacional
de Sucesos Nucleares, más tarde se reconoció como ‘incidente
de nivel 2’. La pequeña fuga de partículas en realidad
fue un escape de radiactividad en toda regla, con una intensidad 750
veces superior a la notificada inicialmente por los responsables del
complejo atómico.
Los ciudadanos tenemos la obligación de cuestionarnos cómo
es posible que se haya llegado a este nivel de dejadez, de ineptitud
y de manipulación. Y una de las preguntas más evidentes
es cómo pudo producirse semejante fuga de elementos ionizantes
sin que se activara ninguno de los sensores de radiactividad existentes
en la planta nuclear y, sobre todo, cómo es que no se puso en
marcha la Red de Alerta Radiológica (RAR) en Tarragona. La respuesta
es tan espantosa como sencilla, pues en ambos casos hubo mala fe y comportamiento
criminal al haberse ordenado, por parte de los responsables de Ascó
1, la manipulación de los sensores para evitar la activación
de las alarmas. Y fue tal la intencionalidad a la hora de encubrir el
suceso que incluso, para no levantar sospechas, se permitió la
entrada al recinto de la central a visitas escolares tan sólo
dias después de que se descubriera la fuga, según ha denunciado
la organización Ecologistas en Acción. Al día
de hoy, ya sabemos que el Plan de Emergencia Nuclear no se activó
por razones meramente económicas, ya que el paro de los reactores
para la descontaminación podrían haber supuesto importantes
pérdidas para Endesa, la compañía energética
propietaria de la central, a lo que debería sumarse una multa
del orden de los 30 millones de euros. Esto explica que se tardara 21
días en informar al CSN de la situación, una vez que se
encontraron los primeros trazos de contaminación -al día
de hoy más de 300 ‘puntos calientes’-.
En un primer momento, se ha descartado que la contaminación detectada
suponga un riesgo radiológico, hecho avalado por la Conselleria
de Politica Territorial de la Generalitat cuyo titular, Joaquim Nadal,
ha afirmado que los niveles de radiación son insignificantes.
La campaña desinformativa que se ha puesto en marcha intenta
minimizar el impacto medioambiental y sanitario que se haya podido producir,
insistiéndose en la idea de que la dosis total que pudiera haber
recibido un trabajador o un ciudadano está muy por debajo de
los límites oficiales reglamentarios. Una mentira impía
ya que, al día de hoy, la comunidad médica sabe que no
existe dosis radiológica mínima que no suponga un riesgo
para la salud y que los diferentes tipos de radiacciones artificiales
son peligrosos en dosis y exposiciones diversas, no necesariamente elevadas.
El problema principal consiste en que se carece de datos sobre la cantidad
total de sustancias tóxicas que ha podido ser dispersada por
el viento, en todo caso muy superior a la oficialmente reconocida. De
esta manera, tampoco es posible saber la cantidad de personas que han
sido expuestas a la contaminación. A pesar de las diferencias
ideológicas que nos separan, podríamos consensuar que
la salud ciudadana debería prevalecer por encima de intereses
políticos y económicos. De esta forma, habría que
exigir un control radiológico independiente para las personas
potencialmente afectadas –trabajadores, vecinos y visitantes de
las instalaciones- y la elaboración de un análisis epidemiológico
en la población. El doctor Eduard Rodríguez Farré,
médico especializado en toxicología y farmacología,
coautor de la obra Casi todo lo que usted desea saber sobre los
efectos de la energía nuclear, afirma que el vertido plantea
muchas incógnitas y que nunca se sabrá la cantidad de
radiactividad vertida al exterior por el retraso en su notificación.
Debemos exigir un régimen sancionador más severo, cuya
cuantía supere al de las ganancias anuales de las centrales nucleares
si queremos un control efectivo de tan peligrosa actividad industrial.
La cultura de seguridad está muy mermada debido a que la privatización
del sector eléctrico ha facilitado la implantación de
una política de reducción de gastos consistente en la
subcontratación de trabajadores temporales, carentes de la formación
técnica necesaria, mal pagados y sometidos a duras condiciones
laborales por la falta de personal de refuerzo. Es evidente que anteponer
el beneficio económico a las medidas de seguridad puede acabar
pasándonos factura, tal y como aconteció en Chernobil,
pero mientras que Endesa tenga ganancias del orden de los 662 millones
de euros de beneficio neto, según informes de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las cosas no cambiarán.
Ante la desidia de nuestros políticos, el Sistema Judicial debería
operar con celeridad y transparencia, dada la gravedad de los hechos.
Tanto el titular de Ascó como la presidenta del CSN deberían,
no sólo presentarse en comparecencia ante el Parlament de Catalunya
para dar explicaciones de lo sucedido, sino ser juzgados por incompetencia
y por delitos contra la salud pública al haberse vulnerado reiteradamente
las directivas sobre protección radiológica de la población.
Debería abrirse, a nivel nacional, un debate serio sobre la energía
nuclear, en el que también se tuviera en cuenta la validez de
las renovables, y se planificara un calendario de cierre de las ocho
centrales atómicas que todavía siguen en funcionamiento
en nuestro país -recordemos que es promesa electoral del presidente
Zapatero- por deficitarias, ineficaces, peligrosas y altamente contaminantes.
Además, se requiere, de una vez por todas, la creación
de protocolos de actuación en caso de incidentes radiológicos,
la realización periódica de simulacros de alerta radiactiva,
que el Plan de Emergencia Nuclear pase a ser competencia de la Generalitat
y que el CSN se convierta en un organismo limpio e independiente de
las influencias del lobi nuclear.