El
Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC) ha exigido
a la Generalitat y al president del Parlament de Catalunya el desmantelamiento
del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). Según dicho Comité,
que engloba a 45 grupos pro libertad de prensa de todo el mundo, el
CAC es "un órgano censor establecido por el Parlamento de
Cataluña para detectar ‘informaciones inveraces’".
En su crítica, su director ejecutivo llega a equiparar al CAC
lo con los órganos de control de prensa utilizados durante la
dictadura de Franco, asegurando que "…No se recuerda en España
algo parecido desde los órganos censores franquistas". Mediante
su comunicado, la WPFC insta a la Generalitat y al Parlament de Catalunya
a "tomar las medidas oportunas para desmantelar cuanto antes el
CAC, adhiriéndose a las normas internacionales de libertad de
expresión y prensa" puesto que considera "injustificable
que un órgano estatal sea el árbitro del comportamiento
de un medio de comunicación".
De
ser finalmente aprobado, el nuevo catálogo de enfermedades
profesionales podría multiplicar por diez el número total
de las mismas. El nuevo listado, que previsiblemente se aplicará
durante el segundo semestre de este año, tendrá que someterse
a los criterios y recomendaciones europeas, por lo que deberá
de renovarse automáticamente por la Comisión de Salud
y Seguridad. Con la nueva regulación ya en vigor deberán
de investigarse las anomalías cancerígenas detectadas
y aquellas con riesgo de derivar en dicho diagnóstico, además
de realizarse un seguimiento de las enfermedades laborales a medio y
largo plazo. Asimismo, será el Sistema Público de Salud
quien otorgue la baja por enfermedad laboral, aunque en su redacción
se admita que podrán ser el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) y las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales
quienes declaren y reconozcan las patologías. En caso de existir
discrepancias entre ambas, será una comisión compuesta
por el Sistema Público, el INSS y las mutuas quienes resuelvan
el caso, si bien la última palabra al respecto la tendrá
el INSS. Según un estudio, durante el 2004 habrían perdido
su vida unos 7.000 trabajadores por patologías derivadas de su
profesión, aunque estadísticamente sólo se registrase
por tal motivo un fallecimiento. Otro señala que cuando el trabajador
de baja por una enfermedad laboral se reincorpora al trabajo, en el
50% de los casos la empresa no ha corregido las condiciones causantes
de su enfermedad, contribuyendo con ello a incrementar las consecuencias.
Y aun hay quien dice que el trabajo es salud…
El
Gobierno británico pretende empujar a un millón
de personas incapacitadas al mundo laboral bajo amenaza de reducirles
las ayudas sociales. Tan ingeniosa idea está recogida dentro
de un paquete de reformas sobre el Estado del Bienestar presentadas
por el "laborista" Blair a finales de enero. Como era de esperar
la propuesta ha sido bien acogida entre la oposición conservadora,
si bien hay quien sostiene que podría acarrearle problemas en
su propio partido. La estrategia del gabinete pasaría por fomentar
el retorno al empleo de 1 millón de los 2,7 millones de británicos
que están exentos de trabajar por padecer enfermedades crónicas.
Para ello, tiene previsto utilizar diversos "estímulos"
que pasarían por asesorar y recortar progresivamente las ayudas
a quienes no asistan a cursos de "reciclaje". Si tras pasar
por dichas cribas el Estado les dictamina como actos para el trabajo,
las ayudas se reducirían al nivel de cualquier desempleado. Obviamente,
con dicha artimaña este corsario disfrazado de laborista pretende
conseguir dos cosas: por un lado disminuir las ayudas sociales a sus
conciudadanos en unos 10.000 millones de euros al año, y por
el otro reducir la tasa del desempleo.
En diciembre del año pasado salía a relucir otro dato denigrante: una de cada cinco personas en España vive por debajo del umbral de la pobreza, teniendo que sobrevivir con menos de 372 euros al mes. Tan vergonzosa estadística era presentada, con el oportuno retraso, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y estaba recogida dentro de la Encuesta de Condiciones de Vida que dicho organismo realiza. Por sectores sociales, los mayores de 65 años y los menores de 16 son quienes tienen más representación dentro de dicho umbral. Por comunidades Autónomas las más desfavorecidas son Ceuta y Melilla y Extremadura, y las que menos Madrid y Euskadi. Dentro del citado informe vuelve a aparecer otro dato tan repetitivo como vejatorio: los hombres cobran un 17,3 por ciento más de salario bruto por hora que las mujeres.