Definitivamente
los milagros no existen: la Iglesia española condena
el uso del preservativo en la lucha contra el sida. Tras el instante
de lucidez en el que el portavoz de la Conferencia Episcopal Española
declaraba que el uso de preservativos "tienen su contexto en una
prevención integral y global del sida", las aguas han vuelto
a su cauce en tan sólo 24 horas. Aunque las iniciales declaraciones
eran recogidas con sorpresa y gratitud por algunos, las reticencias
de muchos en dar fe a lo escuchado han sido mayoritarias, y lamentablemente
estábamos en lo cierto. Lo que diga el Papa va a misa, parecía
desprenderse de un alarmado portavoz del Opus Dei, al declarar que "…todo
posicionamiento debe partir de la Santa Sede, no del Episcopado español".
Un buen ejemplo de cómo el ejecutivismo divino desoye las críticas
institucionales y científicas que le acusan de estar cometiendo
"una falta grave que cuesta vidas humanas". Mientras la utilización
del preservativo se ha demostrado como el mejor método para frenar
la epidemia en algunos países africanos, en otros, donde la condena
eclesial tergiversa los comunicados científicos, la enfermedad
sigue avanzando. Hace tan sólo unos meses, desde el Vaticano
un obispo español proclamaba que el sida es una consecuencia
de la inmunodeficiencia de los valores morales y espirituales, declarando
que la epidemia se combate con la castidad. Tras conocer el comunicado
inicial que tanto revuelo ha suscitado, éste mismo obispo ha
declarado que "…es cierto que para algunas personas la abstinencia
puede ser traumática. Pero es necesario que los católicos
sean coherentes con su fe". ¿Y si no lo son qué más
da? ¡Si tan sólo necesitan una hostia redentora!
El
Comité de Política Económica de la Unión
Europea (UE),
en su Informe 2005 sobre reformas estructurales, vuelve a recomendar
que se flexibilice aún más nuestro mercado laboral. Por
si no teníamos bastante con la coacción de la patronal
española en torno a la revalorización automática
del Salario Mínimo Interprofesional, ahora los burócratas
de la UE abogan por sugerir medidas más restrictivas. Éstas
pasarían por una reforma del marco actual donde se fijan los
salarios y la desaparición de la regulación de los salarios
en los convenios colectivos. Tales recomendaciones, que sobrepasan por
derecha la propia postura de la patronal, seguramente acelerarán
la renovación del Acuerdo Nacional de Convenios por parte de
los "agentes sociales". Ya durante las últimas semanas,
los sindicatos institucionalizados han exigido a gritos una pronta reunión
donde se renegocie el acuerdo existente, que afectará a 7 millones
de trabajadores sometidos en 4.000 convenios colectivos. Esperemos que
entre el citado informe y las ansias negociadoras la cosa no vaya a
peor, pues ya de por sí muchos convenios están tan purulentos
como para cogerlos con pinzas…
Aunque
la siniestralidad laboral parezca estar reduciéndose,
accidentes como el de Burgos, donde van contabilizados 10 trabajadores
muertos, vuelven a exigirnos la urgencia de acabar con el terrorismo
empresarial. La avaricia patronal, que sólo busca su enriquecimiento
trasladando la responsabilidad legal a empresas subcontratadas; la práctica
inoperancia de la Administración en hacer cumplir su propia Ley
de Prevención de Riesgos; algunas sentencias judiciales indignantes;
la complicidad de muchos representantes "sindicales" que no
denuncian la situación negligente en muchas empresas, y el propio
miedo de los contratados a perder su empleo en caso de exigir medidas
de seguridad son, hoy por hoy, los principales motivos de que actualmente
seamos el país de la Unión Europea con mayor índice
de siniestralidad. Sin embargo, aunque la necesidad pueda acarrear el
silencio de los afectados, conviene recordar que es el empresario quien
por Ley está obligado a garantizar la seguridad de sus contratados.
Como en todos los accidentes laborales, las víctimas de Burgos
fuimos todos nosotros, los trabajadores. Y también, como tantos
otros accidentes, se produjo por la indebida actitud empresarial —que
venía acumulando material inflamable en un lugar inapropiado—,
y por la ineficaz aplicación de una Administración —que
apenas realiza inspecciones laborales—. Eso sí, para la
manifestación y foto de condolencia no faltaron ni los representantes
empresariales, ni los de la Administración, ni los "sindicales",
si es que a estas alturas aún puedan disociarse los dos últimos.
Iberia, Spanair y Air Europa, junto con la principal asociación de agencias de viajes, han sido nuevamente denunciadas por distintas agrupaciones de consumidores. Como recordaréis, no es la primera vez que se enfrentan a una denuncia similar. El pasado octubre un organismo dependiente del Ministerio de Economía les sancionaba por incorporar un sospechoso e idéntico recargo en la emisión de sus billetes. Pasándose por el ala el expediente, nuevamente han incrementado, aunque con algo más de disimulo, dichos recargos. Si su emisión es ya de por sí una obligación por parte de la empresa, la última tendencia de estas aerolíneas es cobrársela al cliente, vulnerando con ello los convenios internacionales en vigor. Una de esas asociaciones ha declarado que su agrupación "…no va a conformarse solamente con la aplicación de sanciones económicas a las aerolíneas y planteará una reparación del daño individual sufrido por los usuarios que han pagado el cargo por emisión", añadiendo que "a las compañías normalmente les resulta mucho más rentable pagar una multa que reparar el daño final al consumidor".