Un
reciente informe ha puesto de manifiesto que estamos entre
los trabajadores europeos que disfrutan de menos vacaciones. El estudio,
elaborado curiosamente por Randstad —empresa de trabajo temporal—
y ESADE —escuela dedicada a la formación de empresarios—,
señala que solamente gozamos de una media de 269 horas de vacaciones
anuales, situándonos con ello entre las últimas posiciones
de los países de la antigua "Europa de los 15". El
mismo informe revela que Italia, con 304 h de vacaciones anuales; Alemania
(con 298 h), y Luxemburgo (con 296 h) están a la cabeza en cuanto
a disfrute vacacional. Asimismo, tras estudiar otros factores, como
las fiestas nacionales, etc., se señala otro dato aún
más preocupante: somos los que trabajamos más horas al
año, siendo únicamente superados por los griegos. Eso
sí, lo hacemos en la misma proporción que los estadounidenses…
¡Menudo alivio!
Amnistía
Internacional ha pedido al ministro de Defensa que investigue
las denuncias de torturas realizadas por Flayeh Al Mayali contra el
ejército español. Este ciudadano iraquí fue arrestado
sin pruebas y acusado de "cooperador necesario" en el atentado
contra los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en noviembre
de 2003. En su denuncia pública, donde reitera su inocencia a
las familias de los agentes, relata cómo fue detenido sin pruebas
y torturado por el ejército español durante tres días
en Base España. "Me pusieron una capucha, me ataron y me
pegaron bofetadas y golpes en las mejillas", siendo introducido
posteriormente "en una habitación muy húmeda y me
impidieron dormir. Me llamaban ‘perro’ cuando les pedía
que me dejaran ir al servicio", gritándole además
"No abras la boca, cabrón" cuando éste les pedía
explicaciones por ser maltratado. Asimismo, durante el traslado previo
a su entrega a las tropas estadounidenses, manifiesta haber sido golpeado
varias veces con fusiles en las manos, padeciendo fuertes dolores desde
entonces en su mano izquierda. Flayeh Al Mayali había trabajado
anteriormente como traductor para el CNI, y desde su detención
ha pasado casi un año recluido en dos cárceles iraquíes.
Tras su absolución, Amnistía Internacional pidió
explicaciones a José Bono por este hecho, no encontrándose
ninguna referencia expresa a este caso en su respuesta.
España
es el país del mundo donde la vivienda es más
cara si tenemos en cuenta los ingresos de sus habitantes. Esta es la
conclusión que se recoge de un estudio —esta vez de Caixa
Catalunya—, donde se indica que el precio actual de los inmuebles
está un 52% por encima de su valor real, porcentaje claramente
superior al de otros países. Dicha circunstancia está
provocando un incremento vertiginoso del endeudamiento familiar, reconocido
por el Banco de España (BE), a quien empieza a preocuparle —ahora
sí— que tanta deuda pueda repercutir sobre otros gastos
familiares y, por ende, al resto de la economía nacional. Durante
los últimos años, el crecimiento dispar entre los sueldos
y el precio de la vivienda está siendo tal que ni con la entrada
de nuevos asalariados dentro del mismo hogar se puede paliar la situación.
En este sentido, el fuerte aumento de los préstamos hipotecarios
está enriquecimiento por partida doble a las mismas entidades
bancarias que paradójicamente luego encargan estos estudios.
Por un lado invierten en el sector inmobiliario especulando con el coste
final de la vivienda, y por otro embaucan a los nuevos propietarios
en créditos hipotecarios que llegan hasta los 35 años,
empezándose a escuchar voces que abogan por extenderlos incluso
hasta los 50 años, como ocurre en otros países europeos.
El endeudamiento actual ha marcado ya un máximo histórico,
representando, según el propio BE, hasta el 73,6% del Producto
Interior Bruto. Para colmo durante las últimas semanas se ha
vaticinado el inicio del aumento de los intereses hipotecarios contratados,
lo cual hace prever un recrudecimiento de las deudas y la consabida
pasividad de la mayoría de trabajadores "hipotecados".
Barcelona Activa, Agencia para el Desarrollo Local de Barcelona para el fomento de la ocupación laboral, realiza contratos fraudulentos a sus empleados. Así lo ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ha ratificado dos sentencias anteriores del Juzgado Social en las que se condenaba a la empresa municipal por los mismos hechos. Aprovechándose de un programa de fomento para la ocupación gestionado por la Generalitat, dicha agencia recibía una subvención pública que sufragaba hasta el 80% de los costes en contratos temporales de 4 años. Esta fórmula la empleó para contratar a 11 trabajadores a fin de beneficiarse de las subvenciones. Finalizado dicho plazo, éstos fueron despedirlos y sustituidos por otros para poder tener seguir teniendo acceso a las ayudas administrativas. Por este motivo, la sentencia obliga a la empresa municipal a indemnizar a 5 trabajadores que fueron despedidos de manera improcedente, permaneciendo los otros 6 empleados en espera de otra decisión del juez.