El
nuevo gobierno alemán está estudiando elevar
la edad de jubilación a 67 años, dos más de lo
que marca su actual legislación. De prosperar la reforma de socialistas
y democristianos, los trabajadores alemanes verán cómo
su edad de retiro se incrementará en dos años de manera
progresiva. Para evitar las lógicas protestas, pretende efectuarla
de manera paulatina, a partir de 2012 y a razón de un mes cada
año. Esta especie de Pacto de Estado ha sido la ha sacado a la
luz el diario Financial Times Deutshland. Mediante tan sutil fórmula,
y al margen de los gobiernos de turno, se haría más digerible
la idea de alargar la vida laboral de los trabajadores alemanes hasta
completar esos dos años de extensión en 2035. Aunque la
aportación de trabajadores alemanes a las arcas de la seguridad
social alemana es de un 42% del salario, la mala gestión de los
gobernantes ha hecho que los fondos del seguro de vejez alemán
estén casi vacías, planteándose incluso la necesidad
de solicitar un crédito para pagar las pensiones del mes de noviembre.
Actualmente las pensiones de los jubilados alemanes llevan 3 años
congeladas y de momento no hay perspectivas de subida.
Según
un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos (ATA), los trabajadores autónomos
trabajan una media de 7 horas más a la semana que los asalariados.
Sus cálculos se han basado en una reciente encuesta realizada
a 4.220 autónomos de todas las comunidades y de distintos sectores
económicos. Entre otros porcentajes el informe sostiene que la
media general es de 43,9 horas a la semana, siendo los datos sustancialmente
distintos según se agrupen. Por sectores económicos los
trabajadores autónomos de la agricultura realizan 46,8 h semanales
frente a las 37 de los asalariados; en la industria esa diferencia va
de las 43 hasta las 38,1 h y en la construcción de las 42,8 hasta
las 38,6 h. El contraste suele ser aún mayor en el sector de
servicios, donde los que se dedican a la hostelería acostumbran
a trabajar unas 14 h más, los de transportes unas 8 y los de
comercio unas 7. Por comunidades autónomas, las diferencias son
mayores en Andalucía (con 8,2 h más semanales), Aragón
(8,1 h) y Extremadura y la Comunidad Valenciana (ambas con 7,6 h).
Pronto
seremos testigos
de cómo el Gobierno "dialoga" más que cumple
su compromiso electoral de cerrar paulatinamente las centrales nucleares.
Los contactos previstos para establecer un futuro energético
aglutinarán a partidos políticos, representantes de la
industria y distintos sectores sociales. De entrada todo parece indicar
que en lugar de adoptar medidas que permitan vislumbrar un futuro de
energías limpias y renovables, se optará por prolongar
el compromiso nuclear de nuestras viejas centrales nucleares. De hecho,
si exceptuamos el próximo desmantelamiento "forzado"
de la central de Zorita (Guadalajara), desde que el PSOE accediera al
poder la única decisión adoptada al respecto ha sido la
de renovar durante 10 años más la vida de la central de
Trillo (ubicada en la misma provincia) y otra previsible renovación
para la de Garoña (Burgos). Durante los contactos que se realizarán,
es casi seguro que se abordará una reforma del Plan Energético
Nacional y la necesidad de preparar una gran fosa donde ubicar los residuos
radiactivos de todas las centrales del Estado (unas 160 toneladas anuales).
De momento, tanto la patronal como el gobierno y la oposición
sostienen que sería una insensatez prescindir de este tipo de
energía, que actualmente produce un 25% del total consumida.
En cuanto a sus socios en el Gobierno, está por ver hasta qué
punto escocerá en Izquierda Unida la bofetada socialista a esta
promesa electoral compartida. De momento su otro socio, Esquerra Republicana
de Catalunya ya ha manifestado que hoy por hoy es "irreal plantear
un calendario de cierre". Desgraciadamente, también poca
preocupación popular se desprenderá de las decisiones
que se adopten. Según una encuesta de la Unión Europea
(UE), sólo un 15% de nuestros conciudadanos conocen las ventajas
e inconvenientes de producir energía nuclear, lo cual hace que
ocupemos —también aquí— el último lugar
de la UE en torno a concienciación energética.
A tenor de los últimos datos hechos públicos por la Oficina de Estadística Comunitaria (Eurostat), el salario mínimo interprofesional (SMI) español es 42,2 euros inferior a la media de la Unión Europea (UE). Actualmente la cantidad que se percibe en España es de 512,8 euros, aunque al objeto de compararlo con otros países, Eurostat ha tenido en cuenta las dos pagas extraordinarias que lo sitúan en 599 euros, siendo la media comunitaria actual de 641,2. Puesto que de los 25 miembros que componen la UE en 7 no se dispone de un SMI fijado por sus gobiernos, en su estudio Eurostat estructura a los 18 países restantes en 3 grupos. En el primero están Irlanda, Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, donde la remuneración supera los 1.000 euros mensuales (1.467 en Luxemburgo, país situado a la cabeza); en el segundo, junto a España, están Eslovenia, Malta, Portugal y Grecia, donde la cantidad percibida oscila entre los 437 y los 668 euros; y un último grupo donde se encuentran Lituania, Eslovaquia, Estonia, Polonia, Hungría, la República Checa y Letonia con un salario mínimo que se sitúa entre los 240 y los 116 euros, cantidad esta última que corresponde a Letonia, país situado en el último lugar de los que perciben el SMI.