Las
empresas de trabajo temporal (ETT)
han propuesto, con el apoyo de CCOO y UGT, que se les permita gestionar
también la contratación indefinida de trabajadores. Para
adaptarse a la nueva reforma laboral, las distintas agrupaciones de
prestamistas laborales han solicitado ampliar sus competencias más
allá de la contratación temporal. Estas intenciones han
sido hechas públicas durante unas jornadas organizadas recientemente.
A ella, como no podía ser de otra forma, también acudieron
representantes de los sindicatos institucionalizados. Allí los
carroñeros del esfuerzo ajeno anunciaron su intención
de transformar las ETT en gestoras de todas las necesidades de nuestro
mercado laboral. Sabedoras además de la mala imagen que tienen,
están barajando incluso un cambio de nombre que podría
ser "Agencias Privadas de Colocación". Amparan su petición
en equipararse con otros países comunitarios que han incluido
tal medida en sus últimas reformas laborales, así como
en el informe "Kok", de la propia Comisión Europea,
que recomienda otorgarles un papel más activo en el mercado de
laboral. Para mayor desfachatez, el presidente de la agrupación
de ETT que organizó el acto declaró que dicha conversión
no persigue suplantar a los servicios de empleo público, sino
"colaborar" con ellos. Pero más patético aún
ha sido el beneplácito y la complicidad mostrada por los representantes
de UGT y CCOO en esas Jornadas. Ante tal medida llegaron a declarar
incluso que "nosotros apostamos por dar un mayor protagonismo a
estas empresas y hemos trasladado a Trabajo la necesidad de que haya
una legislación más adecuada. Los servicios públicos
de empleo y los privados pueden ser complementarios".
El
tripartito catalán sigue empecinado en imponer una tasa en las
visitas al médico y cuando se retiren medicamentos
en las farmacias. Esta iniciativa será incluso trasladada a la
próxima conferencia de presidentes autonómicos que se
celebrará, supuestamente, el próximo mes de septiembre.
Tras varias décadas de cesión de competencias en salud
y amparándose en un informe que recoge 36 recomendaciones para
reformar globalmente nuestro sistema sanitario, ahora pretenden erigirse
también en descubridores y salvadores del déficit económico
del mismo. Como algunos recordaréis, además del pago que
mediante impuestos venimos realizando para sustentar la Seguridad Social,
la Generalitat catalana lanzó hace unos meses la posibilidad
de pagar 1 euro por cada visita al médico. Al parecer, ante el
rechazo popular que ello suscitó, ahora intentarán convencer
a otras comunidades autónomas para que también lo lleven
a cabo y escudarse así de su tropelía. En su propuesta,
dicho pago está redactado como "tasa de baja intensidad",
y con ella pretenden reformular el actual sistema para evitar "una
utilización inadecuada" de nuestros servicios sanitarios.
Acompañando a esta medida, proponen también las ya habituales
de incrementar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco.
Según
un estudio de la Fundación Lealtad
son numerosas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) —si es
que aún pueden llamándose así— que reciben
excesivas ayudas públicas. Asimismo, el 33% de las 100 ONG analizadas
incumplen el principio de pluralidad financiera que debería caracterizarlas.
Estos datos han sido publicados en la "Guía de la Transparencia
y Buenas Prácticas 2005" que dicha Fundación realiza
a organizaciones de ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo,
acción social y medio ambiente, siendo su objetivo orientar a
particulares y empresas que deseen realizar donaciones a las ONG. Su
mala gestión hace que la dependencia que originan las subvenciones
públicas origina el incumplimiento del principio de pluralidad,
que establece que las aportaciones privadas nunca han de ser inferiores
al 10% del total para asegurar un mínimo de implantación
social, señalando además que ninguna fuente financiera
debe capitalizar más del 50% de los ingresos para evitar probables
dependencias posteriores. Para colmo, otro de los apartados del informe
destapa el alto absentismo de los directivos de varias organizaciones
—que suelen percibir unos honorarios nada solidarios— y la
escasa renovación de cargos, lo cual también incumple
otro de los cometidos de dichas organizaciones.
Mientras los sueldos de los directivos españoles continúan subiendo por encima de la media europea, el salario real de quienes generamos riqueza sigue cayendo en picado. La subida durante el pasado año, y la esperada durante el presente para los directivos ronda el 4%, con lo que ante el moderado coste de vida en comparación con otros países europeos está contribuyendo a un aumento de su poder adquisitivo. Sin embargo, según un análisis comparativo realizado para Addeco —imaginamos que selectivamente interpretado por ser para quién era— que coteja datos del Instituto Nacional de Estadística, los asalariados hemos visto como desde 1997 nuestro sueldo medio está sólo un 0,9% por encima del valor real que tuvo en 1997. Tras alertar de que "la situación del salario real español es grave", el informe considera la baja productividad como el causante de la inflación que está llevando a nuestro empobrecimiento. Sorprende que en dicho informe se reconozca que esa baja productividad ha sido originada por la baja inversión producida por los empresarios, quienes se han venido enriqueciendo a costa de nuestra moderación salarial. Así pues, no es de extrañar que, aunque con varios años de retraso, haya salido a la luz un sonrojante informe de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En él se destaca que ya en el año 2000 ocupábamos el quinceavo lugar entre los países de la Unión Europea (UE) en cuanto a salarios, no llegando nuestros ingresos brutos anuales a los 19.000 euros en comparación con los 25.000 de media que se cobraban en la UE. Si ya por aquel entonces nuestro salario era un 24% inferior, y a diferencia de nuestros directivos hemos seguido perdiendo poder adquisitivo, queda claro que la polarización de nuestra riqueza es cada día más brutal.