La
moderación salarial y un mayor control al absentismo
laboral son dos de las perlas firmadas por los “agentes sociales”
en el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) 2005. En él,
y por cuarto año consecutivo, las cúpulas de la CEOE,
CEPYME, CCOO y UGT han pactado unas condiciones perjudiciales para los
más de 10 millones de trabajadores que están sometidos
—nunca mejor dicho— a unos pestilentes Convenios Colectivos,
firmados en su mayoría por ellos mismos. Con la aprobación
del ANC, queda garantizada la “paz social” entre las “Cuatro
Organizaciones del Apocalipsis”, reforzándose así
la confianza y dependencia interesada entre ellas. Tras la autosatisfacción
por haber comercializado con millones de trabajadores, se han apresurado
a abordar uno de los aspectos más urgentes del gobierno zapatero:
la próxima reforma laboral. El 14 de marzo pasado se volvían
a sentar a la mesa, reiniciándose una nueva partida donde nuevamente
los únicos perjudicados podemos ser los trabajadores. De momento
el gobierno y la patronal juegan con dos ases: aminorar los costes por
despido y una mayor flexibilidad laboral. ¿Su farol? Un falso
fortalecimiento del empleo indefinido que presumiblemente será
el escaparate ante el que los sindicatos institucionalizados terminarán
por aceptar otra reforma laboral.
Paul
Wolfowtiz, actual número dos del Pentágono,
podría ser “condecorado” con la presidencia del Banco
Mundial (BM). El propio Bush ha designado al dedillo a uno de sus principales
defensores de la invasión de Iraq, que es también uno
de los mayores halcones de su política. Desde la creación
del BM tras la Segunda Guerra Mundial, y en virtud de un “pacto
de caballeros” informal con la vieja Europa, dicho cargo siempre
ha sido ocupado por algún estadounidense, reservándose
el puesto de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)
a algún europeo. A pesar de que su elección pueda desatar
alguna crítica —incluso un posible veto europeo—, mucho
nos tememos que este mercenario engalonado será quien junto a
Rodrigo Rato, presidente del FMI, termine por ejecutar las impopulares
medidas económicas a que someten a los más desfavorecidos.
La
información, siempre que se pueda controlar, es Poder,
por lo que el gobierno pretende regular ahora la prensa digital, única
que todavía escapa a su filtro controlador. Con el aletargamiento
conseguido de los medios audiovisuales —controlados por los grupos
económicos que simpatizan con el gobierno de turno o con su principal
oposición política—, y con la seguridad de que nadie
se aventurará a editar un diario de gran difusión realmente
crítico por el fuerte desembolso que supone, va a lanzar una
campaña de desprestigio hacia el periodismo digital, terminando
por “regularlo” oficialmente vía Boletín Oficial
del Estado. Así lo ha declarado el ministro de Industria en respuesta
a una senadora del Partido Popular. Según se ha criticado desde
el colectivo de periodistas digitales, las declaraciones sobre la “falta
de rigurosidad” que ofrecen, el cerrar fuentes informativas y vetar
el acceso a ruedas de prensa, o incluso la presión a los anunciantes
para que retiren su publicidad de la prensa digital, no son suficientes
medidas para frenar la continua expansión de unas páginas
web que no pueden controlar. Así pues: decretazo al canto para
vetar cualquier tipo de información analítica e independiente.
Hace escasos días los trabajadores franceses volvieron a protagonizar un paro general en defensa de la jornada de 35 h, del empleo y de mejoras salariales. Con respecto a la primera reivindicación, decir que el gobierno conservador está bombardeando paulatinamente la reducción de jornada, aprobada por el anterior ejecutivo en el período 1997-2002, y que por aquel entonces se convirtió en un emblema de su gestión. De conseguir implantar su reforma, esta sería la segunda vez que el actual gobierno pretende reformar la duración de la jornada laboral. Su intención esta vez es aumentar de 180 a 220 las horas suplementarias anuales para quienes “escojan” trabajar a cambio de incrementar sus ingresos. La aplicación de dicha medida, aprobada ya en el congreso y senado franceses pero que aún no ha entrado en vigor, conllevaría la consiguiente coacción patronal, que terminaría por obligar a su cumplimiento a pesar de que los trabajadores ya han manifestado en más de una ocasión su oposición a alargar su jornada laboral. El resultado de éste último paro general ha sido calificado de exitoso por sus organizadores, originándose importantes retenciones y numerosas cancelaciones aéreas.