"Deslocalizaciones"
empresariales
Un análisis de las causas y consecuencias de
la fuga de empresas
Breve
introducción y principales causas
Durante la 2.ª República se crearon los juzgados especiales que
perseguían penalmente la evasión de capital por el perjuicio
que ello ocasionaba a la economía del país. Posteriormente,
durante el franquismo este delito pasaba a ser castigado tan sólo
administrativamente, apartándolo así de su contenido penal.
Sin embargo, a partir de la crisis de finales de los 70 se retoma nuevamente
su carácter punitivo, dada la gran cantidad de capital que salía
del país. En esa época se crearon numerosas empresas de
economía sumergida que, actuando con patente de corso puesto
que la inspección se mostraba ciega y sorda, incumplían
impunemente numerosos aspectos legislativos sin ser seriamente perseguidos:
tener trabajadores sin contrato, sin cobertura social, sin permisos
de apertura de locales y negocios, sin pagar a la hacienda pública
y municipal, etc. Estas "empresas", que no generaban ningún
beneficio a la Seguridad Social, sólo enriquecían a los
corsarios que las gestionaban, quienes además optaron por no
invertir en su desarrollo o en innovaciones tecnológicas y de
mercado.
Varios años después, dentro ya de la Comunidad Europea,
la aplicación de la llamada "libre circulación de
personas y capitales" dejaba sin efecto las leyes que perseguían
la evasión de capitales. Desde entonces hasta ahora, curiosamente
los capitales pueden circular con total libertad, las personas no.
Una de las zonas donde había más empresas de economía
sumergida era el País Valencià, donde se comercializaba
con productos de "todo a cien", calzado, juguetes, etc., que
enriquecían rápidamente a sus defraudadores. Pero sin
inversión e investigación no hay continuidad, de ahí
el fracaso de estas "empresas". Como ejemplo de lo que se
podría haber hecho, podríamos citar el caso de la industria
turronera, situada en esa misma zona. Este sector productivo sí
que ha sabido invertir y diversificar su oferta, dificultando con ello
la competencia y pasando de ser una industria de temporada —tan
sólo un mes— a tener trabajo casi todo el año.
No obstante, el principal factor a tener en cuenta se produce desde
la entrada de algunos países asiáticos en la Organización
Mundial del Comercio, incluyéndose aquí a China y próximamente
a Vietnam, tradicionalmente comunistas pero que han terminado aceptando
un noviazgo con la economía capitalista. En ambos países
la necesidad de supervivencia de sus regímenes ha terminado por
acoger a las grandes multinacionales, quienes se aprovechan de esta
situación para exprimir al máximo a sus ciudadanos con
el beneplácito interesado de sus dirigentes.
Todo este trasiego económico ha comportado una demanda de productos
a precios hasta hace poco impensables, generándose unas ganancias
increíbles que están alterando algunos sectores de nuestra
economía. En este sentido hay que denunciar también que
mientras la comercialización la hacían los empresarios
locales —promoviendo la economía sumergida— no había
movilizaciones en contra. Sin embargo, desde la llegada de comerciantes
chinos y su posterior gestión de varios productos se han producido
ya varios brotes xenófobos.
Dulcificando
el problema sin pretender evitarlo
Llama la atención que para no etiquetar las cosas por su nombre
siempre se busquen palabras que produzcan un efecto balsámico.
Para ello se acogen o asumen términos como "moobing"
para definir el acoso laboral, o las llamadas "deslocalizaciones"
para suavizar la fuga de empresas.
Una vez permitido que los capitales y las empresas se puedan fugar del
país, el siguiente paso de estos corsarios es buscar paraísos
donde instalar las empresas, utilizando en ellos mano de obra esclava
y fomentando incluso la explotación infantil. Allí levantan
sus imperios privando a sus trabajadores de seguridad social, de jornadas
establecidas, de contratos, de jubilaciones, de medidas de seguridad
e higiene,… en definitiva: de derechos laborales.
Otro de los motivos de la fuga de empresas es que en estos paraísos
empresariales no existe legislación ambiental o bien es muy laxa.
A diferencia de lo que ocurre aquí, trasladar su negocio les
resulta mucho más rentable, dado que no tienen que dotarlas de
medidas de seguridad que respeten el medio ambiente, ni tampoco se ven
sometidas a una seria presión fiscal. Por lo tanto, dado que
el sudeste asiático es uno de estos paraísos empresariales,
para allí se van las empresas.
En estos paraísos empresariales, a las empresas que allí
se implantan no se les exige —dado que no es su objetivo—
producir mercancías para abastecer el mercado donde se ubican.
Su único interés es traernos las mercancías con
un coste ínfimo a su inversión, lo cual les reporta enormes
beneficios. Si su finalidad fuese abastecer el mercado donde se instalan
no existirían las fugas de empresas; en todo caso hablaríamos
de fuga de capital, si es que éste no regresa.
Consecuencias
laborales inmediatas
Como algunas medidas que podrían emprenderse para acabar con
toda esta trama no se aplican —no comprar los productos, negarles
ayudas oficiales, penalizar a los empresarios, gravar los productos,
exigir que en el país de origen se respeten los derechos de los
trabajadores y medioambientales, etc.—, la situación seguirá
avanzando sin control hasta que los trabajadores occidentales acepten
las condiciones de trabajo del sudeste asiático.
Transportar un contenedor por vía marítima desde esas
zonas hasta Barcelona puede llegar a costar sólo 30 euros. Como
puede verse, tampoco el transporte es un problema ni encarece el producto.
En vista de ello, son muchas las empresas que han optado por despedir
e indemnizar a sus trabajadores con la indemnización máxima
—45 días de salario por año trabajado—, o incluso
superándola hasta los 60 días a fin de agilizar los trámites
de su traslado y esquivar así posibles conflictos con sus empleados.
Al paso que vamos, las mejoras laborales que se han ido consiguiendo
a lo largo de los últimos siglos mediante la lucha obrera desaparecerán
si no se toma conciencia clara lo que se nos viene encima. Tomando como
ejemplo a algunos países asiáticos y utilizando siempre
la coacción del traslado empresarial, podrían ir suprimiéndose
paulatinamente la jornada de 8 h, los derechos por maternidad, la Seguridad
Social y unas condiciones de seguridad laboral mínimamente aceptables.
Los ejemplos recientes son elocuentes y están sentando un precedente.
Los trabajadores, con la "ayuda" de los "sindicatos",
están aceptando rebajar sus salarios hasta un 25%, ampliando
su jornada laboral 5 h más a la semana y reduciendo su período
vacacional. Esto está ocurriendo ahora mismo en Alemania, reconocido
motor de la economía europea que desde hace meses lo está
pactando en su industria automovilística. Así pues, en
vista de las posibilidades que se les ofrecen, ¿qué empresario
es tan tonto de no trasladar su empresa o amenazar con hacerlo para
obtener más beneficios? El mercado sin control acarrea estas
consecuencias.
Con la gran cantidad de reformas laborales realizadas desde 1980 —cada
una empeora la anterior—, se han ido restringiendo los derechos
de los trabajadores, provocando la flexibilización en sus relaciones
laborales hasta llegar al despido libre con una indemnización
cada vez más exigua, que en la mayoría de las ocasiones
es pagada por el Fondo de Garantía Salarial.
Asimismo, los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) —la
mayoría fraudulentos—, sirven para legalizar los despidos
colectivos y facilitar por ende la fuga de empresas. En ellos los comités
de empresa, asesorados por sus "sindicatos", vienen aceptando
casi todos los ERE sin plantear siquiera su impugnación. Y esto
se está produciendo a pesar de que jurídicamente sólo
deberían ser aceptados cuando la empresa está en una situación
económica negativa y plantea medidas alternativas proporcionalmente
adecuadas y suficientes para garantizar su futuro.
Un ejemplo de ERE fraudulento ha sido el presentado por la empresa INDO
que fue impugnado —no gracias al comité de empresa que hizo
todo lo posible para que fuera aceptado— y rechazado en vía
judicial. Con respecto de esta empresa, que ha trasladado parte de su
producción a Suzhou (China) y de la que son accionistas la familia
Garrigosa —vinculada al "honorable" Pascual Maragall,
president de la Generalitat—, se me antoja una pregunta: ¿visitó
la fábrica de su familia en su reciente viaje a aquél
país?
José Luis Villar Ferrero