REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: UN CUENTO SIN FINAL FELIZ
Los persistentes augurios acerca de una quiebra inminente de la Seguridad
Social en España comienzan a recordarnos aquel relato infantil
del pastor que aterrorizaba a sus compañeros con el anuncio del
falso ataque de un lobo. En efecto, desde hace ya décadas, los
profetas del neoliberalismo vienen alertando sobre la inaplazable necesidad
de una reforma profunda de la Seguridad Social: la dramática
fecha se sitúa ahora en el año 2015, pero, en la década
de los noventa, se pronosticaba que el fin tendría lugar a comienzos
del 2000. Y a esta escuela de aprendices de brujo se han apuntado también
los dirigentes de C.C.O.O. y U.G.T. Llamado por esta vocación
de adivino al más puro estilo Rappel o Aramís Fuster,
José María Fidalgo se despachaba a gusto afirmando que
"la Seguridad Social nos dará un susto en seis años
si no se reforma".Así las cosas, el pasado 13 de julio,
agentes sociales, Gobierno y patronal presentaron su acuerdo para la
próxima modificación de la Seguridad Social. De entrada,
y a la espera de su redacción definitiva, podemos adelantar que
los cambios introducidos van encaminados, como cabía esperar,
a reducir las prestaciones y a endurecer las condiciones para acceder
a las mismas. Sirva como ejemplo la ampliación del período
mínimo de cotización -de 4700 días a 5.475- necesario
para poder percibir la pensión de jubilación o las restricciones
impuestas a la de viudedad, que deja de ser un derecho en virtud de
la cotización del causante para convertirse en una renta que
se cobrará o no en función de la dependencia de los familiares
respecto de los ingresos del fallecido.
Lo
que la reforma esconde
Pero, más allá del contenido de dichos recortes, creemos
necesario preguntarnos cuál es la (sin)razón que ha llevado
a esta nueva reforma de la Seguridad Social. En realidad, es probable
que la mayor parte de los ciudadanos consideren que es una decisión
impostergable si queremos prevenir la anunciada quiebra. No en vano,
desde mediados de los años noventa, se han promovido numerosos
estudios que, convenientemente publicitados, han conseguido convencernos
de la inviabilidad de su actual configuración. Concretamente,
entre los años 1995 y 1998, se realizaron una serie de trabajos
-pagados por entidades financieras- que anunciaban para el año
2005 un insostenible déficit (las cifras oscilaban entre el 0,40%
y el 1,80% del PIB). La realidad, sin embargo, se ha encargado de convertir
en humo tan negras profecías: la Seguridad Social lleva ocho
años con superávit y, además, batiendo récords
históricos. Y es que, como apunta Juan Torres, profesor de Economía
en la Universidad de Málaga, "[...] la reforma del sistema
de pensiones públicas se lleva a cabo solamente porque conviene
a los grupos financieros que van a hacerse con la mayor parte de la
ingente masa de recursos que antes se dirigía a las arcas públicas.
Para ello se recurre a publicitar con medios inmensos justificaciones
tan torticeras como poco rigurosas, a financiar estudios carentes del
más elemental recato teórico y, generalmente, a comprar
a profesores e investigadores dispuestos a ponerse al servicio vergonzoso
de los bancos y cajas de ahorro a cambio de recibir migajas, aunque
para ellos sustanciales, del festín del que sólo disfruta
de verdad una minúscula parte de la sociedad."
Con todo, se trata de un paso fundamental, en la medida en la que pretende
justificar la necesidad de sustituir el actual sistema público
por un sistema semiprivado o, en sus versiones más desvergonzadas,
por una gestión absolutamente privada. Una vez convencida la
población, se procede a introducir una serie de reformas que,
por una lado, tenderán a reducir el nivel de cobertura (fundamentalmente,
disminuyendo el número de beneficiarios) y, por otro, minorarán
las cuantías (esto es, el dinero percibido será cada vez
menor al modificarse los sistemas de cálculo, por ejemplo). Llegados
a este punto, la población comenzará a asegurar sus pensiones
por vías alternativas, quedando definitivamente instaurado el
sistema complementario de prestaciones sociales.
Salvado, pues, el obstáculo que podría suponer la oposición
de un importante sector de la población al ver desaparecer unos
derechos especialmente apreciados, el gran capital encuentra ya el camino
expedito para su acceso al codiciado botín. En efecto, las sucesivas
reformas emprendidas hasta la fecha tienen como objetivo adaptarse a
las recomendaciones del Banco Mundial, cuyo objetivo final no es otro
que el establecimiento de una triple vía de gestión:
- Un sistema público que comprendería, únicamente,
las coberturas mínimas, esto es, aquellas pensiones destinadas
a paliar situaciones de pobreza extrema
- Un sistema de gestión privado establecido con carácter
obligatorio y profesional
- Un sistema voluntario también gestionado, por supuesto, por
manos privadas
Lo que, en definitiva, supone la sustitución del actual sistema
público de reparto -basado en los principios de solidaridad y
redistribución- por otro de capitalización, en el que
la pensión percibida dependerá de la aportación
realizada y del rendimiento obtenido. En otras palabras, en nombre de
la salvaguarda del sistema público de pensiones, se llevan a
cabo una serie de reformas que suponen un importantísimo trasvase
de recursos hacia el sector privado, lo que, a la postre, condenará
al sistema actual a su desaparición.
Así pues, todas y cada una de las reformas introducidas desde
1985 -y a las que, en algunos casos, se respondió con huelgas
generales- obedecen a idénticos fines: establecer las bases para
consolidar un sistema privado de gestión. Para ello, se acompañan
dichas reformas de una política de ajuste y contención
del gasto a medio plazo en las pensiones públicas mediante el
endurecimiento, como indicábamos más arriba, de las condiciones
de acceso o la reducción de las cuantías percibidas. A
su vez, estas reformas en la Seguridad Social van unidas a las oportunas
modificaciones en el terreno fiscal que, como no podía ser menos,
han disminuido escandalosamente la presión que soportan las empresas
y las rentas más elevadas, con la consiguiente reducción
de ingresos para el Estado (hecho que, a su vez, justificará
un menor esfuerzo redistributivo a través del sistema público
de pensiones). Paradójicamente, este mismo Estado, al que se
le exige un nulo intervencionismo económico en nombre de una
adecuada dinámica del mercado, financia generosamente, con dinero
público, los fondos privados de pensiones y subvenciona despidos
y prejubilaciones en empresas al asumir costes que, en rigor, corresponderían
exclusivamente a la patronal.
Separando
el grano de la paja
Ha llegado el momento, pues, de retirar el velo a todas las falacias
que sustentan los argumentos en favor de la gestión privada de
las pensiones. En este sentido, resultará conveniente comenzar
por el que ya ha pasado a convertirse en un lugar común de los
manuales privatizadores: el del envejecimiento de la población.
En efecto, todo apunta a que se producirá, en breve, un aumento
considerable de las personas en edad de percibir su correspondiente
pensión de jubilación, al tiempo que se habrá reducido
el número de personas en edad de trabajar y cuyas cotizaciones
servirían para costear las pensiones de los primeros. La solución
comúnmente aceptada para solventar el incremento de esta tasa
de dependencia consiste en incentivar la jubilación más
allá de los 65 años.
En realidad, los análisis que pronostican el colapso del sistema
en función de factores exclusivamente demográficos pecan
de simplistas, en tanto en cuanto existen otras variables que inciden
en la tasa de dependencia y que, curiosamente, jamás se mencionan
en estos estudios apocalípticos. Así, para llegar a la
ruptura del equilibrio financiero, sería necesario que, junto
al previsible envejecimiento de la población, se produjese una
caída catastrófica en las tasas de actividad y empleo,
simultáneamente a una disminución acusada de la productividad
en el trabajo. Además, no deja de ser llamativo que dichos estudios
jamás hagan alusión a otros factores tales como el fraude
patronal (pago en negro, horas extras que no se declaran, economía
sumergida, contratación irregular...) o unos salarios ridículos
que, con su baja cotización, apenas sirven para compensar el
gasto en pensiones (desproporción entre la cuantía de
la pensión media y la aportación por trabajador).
Así pues, parece, más bien, que la balanza caerá
del lado de la quiebra del sistema no por factores sobre los que es
imposible incidir (envejecimiento de la población), sino sobre
variables que, generalmente, no se mencionan en este tipo de estudios
y sobre las que sí cabría actuar: elevadas tasas de desempleo
(especialmente juvenil y de larga duración), que impiden destinar
recursos a la financiación de pensiones actuales, al tiempo que
reducen el período y las rentas por las que pueden cotizar; considerable
disminución de los salarios reales, de modo que los ingresos
por cotizaciones que, recordemos, se establecen en función del
salario percibido, quedan sustancialmente menguados; política
fiscal que privilegia los beneficios y que, al disminuir su presión
sobre las rentas más elevadas, implica menores ingresos para
las arcas públicas o establecimiento de unas tasas de productividad
basadas en el abaratamiento de los costes laborales y no en una efectiva
política de inversión en tecnología, por ejemplo.
En cualquier caso, para frenar los posibles desequilibrios que, eventualmente,
pudiera presentar el sistema, sería posible adoptar una serie
de medidas encaminadas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social
por tres caminos:
- Mejorando la aportación estatal vía Presupuestos Generales
del Estado (en Dinamarca, de hecho, es la principal vía de financiación).
- Incrementando la presión fiscal
- Aumentando las cotizaciones
Sin embargo, ninguna de estas vías merece la atención
de tan aventajados augures. En la práctica, resulta evidente
que las sucesivas reformas laborales y fiscales no han tenido como objetivo
contribuir al sostenimiento del sistema público de pensiones,
sencillamente porque no se ha querido que así sea. En efecto,
la decisión de incrementar los gastos de defensa, aumentar el
porcentaje destinado a financiar a la Iglesia Católica o los
fondos destinados al mantenimiento de la Casa Real, podrían igualmente
destinarse a mejorar los ingresos de la Seguridad Social. No son, pues,
factores ineludibles los que provocarán la quiebra del sistema
actual de reparto, sino una consciente línea política
de actuación sometida a las presiones e intereses del gran capital.
LLegados a este punto, con el sistema complementario de gestión
privada fortalecido al disminuir la tasa de cobertura y la capacidad
protectora del sistema público, cabe preguntarse acerca de la
verdad sobre una mayor eficiencia del primero. De hecho, nos hallamos
ante otro de los argumentos frecuentemente esgrimidos por los apóstoles
de la capitalización. La sustitución del sistema tradicional
de reparto por el de la capitalización implicaría que
la pensión percibida por cada persona dependerá de la
aportación realizada a lo largo de la vida activa del trabajador.
Dicha aportación iría a parar a un fondo que, convenientemente
invertido en los mercados financieros, obtendrá una cierta rentabilidad
que, en última instancia, será la que determine la cuantía
de la pensión percibida.
En este sentido, hemos de recordar que las cotizaciones a la Seguridad
Social -aportadas tanto por el trabajador como por el empresario- forman
parte del salario diferido del trabajador. Lejos de esta consideración,
es frecuente oír que las cotizaciones a la Seguridad Social suponen
un coste excesivo para las empresas (es decir, dejan de considerarse
parte del salario del trabajador, para convertirse en una especie de
impuesto que ha de soportar la patronal), lo que perjudica la creación
de empleo. Sin embargo, parece probado que no es éste un elemento
determinante a la hora de dinamizar el mercado laboral, tal y como demuestran
las recientes reformas acometidas. Tanto es así, que son precisamente
los países donde las cotizaciones son más elevadas los
que registran una tasa menor de desempleo; así mismo, el nivel
de competitividad de una empresa viene marcado más por su capacidad
de innovación tecnológica que por la reducción
salarial, que, además, tiende a generar una menor demanda. Ni
siquiera puede considerarse que, a medio y largo plazo, implique un
abaratamiento de los costes, puesto que al hacerse cada vez más
necesaria la aportación a un fondo privado de pensiones, es previsible
una demanda de mayor salario para hacer frente a tal contingencia.
Igualmente insostenibles son otras de las razones aducidas para convencernos
de las bondades de una gestión privada de estos recursos. Es
cierto que el crecimiento de las rentas salariales es lo que determina
el buen funcionamiento del sistema público de reparto y que la
masa salarial depende, en buena medida, del crecimiento económico;
pero no es menos verdad que el sistema de capitalización también
está sujeto al rendimiento del capital, que, como bien sabemos,
aparece estrechamente vinculado a los tipos de interés; además,
el sistema de reparto es más seguro frente a los riesgos de inflación
(en el sistema de fondos, por decirlo sencillamente, el dinero "ahorrado"
perdería buena parte de su valor).
Lo cierto es que existen numerosos estudios que prueban que los sistemas
públicos de pensiones son más eficientes, seguros y equitativos
que los fondos privados. De hecho, son los planes de pensiones los que
comportan verdaderos riesgos, en tanto en cuanto su rentabilidad depende
de la evolución de los mercados financieros, de tal manera que
para conseguir dicha rentabilidad, dada la inestabilidad bursátil
actual, sería preciso trabajar con primas mucho más elevadas
que las que exige un sistema de reparto para obtener los mismos beneficios
aportados por el sistema público.
Conviene no olvidar que, al fin y al cabo, los defensores más
acérrimos de la capitalización total del sistema suelen
señalar a Chile como el ejemplo a seguir, pero omiten que Pinochet
mantuvo en el sistema público a la policía y al ejército.
Desvelando
ocultas razones
Obviamente, la gestión privada de estos fondos representa un
suculento bocado para las entidades financieras; de lo contrario, jamás
se hubiera planteado la capitalización del sistema. Al fin y
al cabo, como ocurrió en su día con la venta de las empresas
públicas, la privatización se lleva a cabo no para mejorar
la eficiencia de su gestión, sino para que sean las grandes corporaciones
financieras quienes posean las verdaderas fuentes de riqueza e ingresos.
De hecho, nadie puede sostener que el pase a manos privadas de empresas
como Endesa, Iberia, Telefónica, Altadis... haya supuesto precisamente
una mejora de los servicios ofrecidos a los ciudadanos ni, en contra
de lo anunciado, suponga una disminución de los precios en virtud
de una, en la práctica, inexistente competencia. Es previsible
que algo semejante ocurra con el sistema público de pensiones.
Los primeros pasos, de hecho, ya se han dado. Y es que, como apunta
el economista Juan Torres, la privatización completa "[...]
es una estrategia política y económicamente muy costosa.
Por eso optaron por ir debilitando progresivamente el sistema público,
para que la opción del privado fuese desarrollándose como
algo inevitable."
En realidad, los pingües beneficios que reportan los mercados financieros
son la razón última que empuja al gran capital a presionar
para que se abran las puertas a la gestión privada de la protección
social. A nadie se le escapan los inmensos negocios generados en torno
a la bolsa que, acompañados de una inexistente presión
fiscal sobre los mismos, han convertido los flujos monetarios en un
fin en sí mismo. La codicia de importantes recursos económicos
para poner en circulación y obtener, de este modo, mediante operaciones
financieras, una elevadísima rentabilidad, es la causa que se
oculta tras la labor propagandística y de difusión sobre
la necesidad de constituir fondos privados de pensiones.
Parece superfluo señalar que los beneficios generados por esas
ingentes masas colocadas en los mercados financieros irán a parar
a las manos de sus gestores y, en muy escasa medida, alcanzarán
al trabajador que, al fin y al cabo, es quien realiza la aportación.
De hecho, existen diferentes variantes a la hora de constituir un fondo
privado de pensiones: prestación definida, aportación
definida o mixta. Naturalmente, generarán mayores rentas aquellos
fondos en los que se asuman mayores riesgos y, para ello, será
necesario trabajar con primas más elevadas. Cabe esperar, por
tanto, que los sectores más desfavorecidos no puedan asumir tan
elevados riesgos y hayan de optar por una prestación definida
que, desde luego, supondrá un desembolso mucho mayor para garantizarlo
que si fuese detraída de su salario una cuota fija como aportación
a la Seguridad Social.
El papel en todo este proceso de los llamados agentes sociales (esas
organizaciones que, por el camino, han perdido, incluso, el derecho
y el honor de recibir el nombre de sindicatos) se entiende a la luz
de su transformación en gestores de una parte miserable de ese
bocado, pero gestores (y cómplices) al fin y al cabo.
Mencionábamos, al comienzo de este trabajo, el cuento infantil
del pastor mentiroso. Sucede que, en este otro cuento -el de la quiebra
de la Seguridad Social- el peligro no reside en que, un día,
se cumplan las amenazas; el final de esta historia habla, más
bien, de un rebaño sacrificado para evitar el ataque de un lobo
que ni siquiera existía.
Estefanía Touriño