Puig
Antich en el laberinto
Mateo
Rello
A
32 años de su muerte, la figura de Salvador Puig Antich sigue
atrapada en un laberinto múltiple. Un laberinto que dificulta
la recuperación cabal de su memoria —también, por
ende, de lo que representó realmente el MIL— y su rehabilitación
pública. Si hay políticos que lo quieren como una sombra
domesticada, que se puede invocar dentro de un orden, no faltan,
a la vez, proyectos mediáticos que tratan de recuperar
su mito desde la misma impostura: así sucede, al parecer, con
la película Salvador, según las críticas
de antiguos activistas del MIL, como Pons Llobet o Vargas-Golarons…
…De una manera o de otra, presentar un grupo tan complejo ideológicamente
como el MIL bajo el marchamo simplista de “antifranquismo”
es mentir*. En rigor, este grupo no fue tanto antifranquista como anticapitalista;
de vocación consejista, los militos rechazaban, de hecho,
cualquier forma de vanguardia política o sindical y orientaron
su lucha al apoyo del movimiento obrero, en cuya autonomía creían
por encima de todo. Dicho esto, resulta difícil transigir con
visiones del MIL que lo presentan como lo que no era, ni quería
ser; más aún, como aquello contra lo que, en realidad,
combatía. Y con este agravante: buena parte de la “izquierda”
que hoy coquetea con la herencia del grupo repudió en su día
a Puig Antich por terrorista, y lo dejó desamparado.
Al laberinto tendencioso e interesado de las manipulaciones, hay que
añadir el legal. Las hermanas del anarquista catalán están
haciendo un nuevo intento de que el consejo de guerra seguido contra
su hermano sea revisado. Políticamente, no soplan vientos favorables
para las peticiones de revisión de los consejos de guerra franquistas
—de por sí, un recurso muy restringido en la legislación
española en general—: en abril de 2005, la Fiscalía
General del Estado hizo pública su voluntad de impedir la revisión
generalizada de estos procesos. Visto el interés personal de
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del
Gobierno, es de prever que se intente solucionar el tema mediante una
Ley de reconocimiento de las víctimas de la guerra del 36 —¿de
ambos bandos?— y de la dictadura, ley genérica que vendría
a evitar situaciones muy incómodas. De ahí la dificultad
de prosperar para revisiones como la del caso Granado y Delgado, impulsada
por CGT, o el reciente Auto de la sala militar del Tribunal Supremo
—presidida por Ángel Calderón, del que ahora volveremos
a hablar—, que, el 26 de enero de 2006, ha denegado la revisión
del consejo de guerra abierto en 1962 contra el anarquista Francisco
Sánchez Ruano. Sánchez Ruano fue condenado a una pena
de 28 años de prisión, de los que cumplió 11, por
el atentado sin víctimas del 12 de agosto de 1962 contra el Valle
de los Caídos, cuyos autores fueron, en realidad, otros dos anarquistas,
Antonio Martín y Paul Desnais.
En el caso de Puig Antich, a esta dificultad previa se suman, por si
fuera poco, las trabas que está planteando Ángel Calderón
con el respaldo de otras instancias de la judicatura. Pero antes de
hablar de estos incidentes, conviene hacer algunas consideraciones sobre
el nuevo recurso.
Peleando
a la contra
No es ésta, pues, la primera vez que las hermanas de Salvador
Puig Antich promueven la revisión del consejo de guerra que le
condenó a muerte. El Tribunal Supremo denegó la primera
solicitud de recurso de revisión —por aquel entonces, un
intento pionero en este ámbito— el 27 de junio de 1994;
la actual, de la mano de los letrados Sebastián Martínez
Ramos y Olga de la Cruz, basa buena parte de sus esperanzas de prosperar
en una reconstrucción infográfica del tiroteo durante
el que murió el subinspector Francisco Anguas, respaldada por
la declaración del doctor Ramón Barjau, ya presente en
el anterior intento de recurso (Barjau pudo examinar el cadáver
del policía a su ingreso en el Hospital Clínico de Barcelona
y contradice el dictamen de la autopsia). También se solicita
—por primera vez— el testimonio de Francesc Xavier Garriga
Paituvi, activista del MIL detenido junto a Salvador. Aunque Garriga
Paituvi no presenció el tiroteo, fue obligado bajo tortura a
firmar una declaración falsa según la cual fue testigo
del momento en que Puig Antich abría fuego sobre Anguas (de hecho,
la base del recurso es la denuncia del cúmulo de falsedades y
manipulaciones —luego las detallaremos— que salpicaron todo
el proceso).
Hemos hablado con Sebastián Martínez Ramos para conocer
los detalles de este intento de revisión y del proceso que, hace
más de tres décadas, culminó con la condena a muerte
de Salvador. Martínez Ramos insiste desde el principio en que
es un error meter en el mismo saco todos los consejos de guerra del
franquismo. Casos como el de Puig Antich, con todo y su repercusión
mediática, no son lo que preocupa o incomoda aún hoy.
Según el letrado, lo que sí constituye un auténtico
tabú legal e histórico son, en realidad, los miles de
consejos de guerra celebrados en la posguerra, utilizados sistemática
y deliberadamente como un arma represiva más, en un claro ejemplo
de justicia meramente formal.
Volviendo al caso del anarquista catalán, Martínez Ramos
lo contextualiza repitiendo las palabras del propio Salvador en la cárcel:
“ETA me ha matado”. Se refería al atentado de ETA contra
Carrero Blanco del 20 de diciembre de 1973, al que el régimen
respondió intentado dar una imagen de fortaleza con algún
escarmiento ejemplarizante. Sólo así se entendería
lo vertiginoso de un proceso (apenas cinco meses) que, por lo demás,
correspondía a la justicia civil y no militar —Anguas era
policía, no miembro del ejército—, y una acusación
falsa: la de terrorismo, que exige premeditación cuando hubo,
en todo caso, un homicidio de más que dudosa atribución.
Todo estaba preparado, pues, para que el franquismo se cobrara en Salvador
otras cuentas pendientes.
Maraña
Más de tres décadas después, la petición
para que aquel turbio consejo de guerra sea revisado avanza penosamente.
Si bien es cierto que el Tribunal Supremo (TS) ordenaba, el pasado 6
de febrero, la práctica de la reconstrucción infográfica
que solicitan las hermanas de Puig Antich (realizada finalmente durante
el mes de abril), no lo es menos que todo el proceso ha estado trufado
de continuos rifirrafes con la Sala Militar del TS y otras instancias
judiciales.
Martínez Ramos nos ha facilitado el material para intentar poner
un poco de orden en esta maraña de autos y recursos. Aun a riesgo
de entrar en demasiados tecnicismos, merece la pena apuntar las fases
de un proceso que está muy lejos de su conclusión.
La petición de recurso de revisión fue presentada el 3
de febrero de 2005 ante la Sala V del TS, que el 28 de junio, mediante
una providencia que confirma otra anterior del día 7, señala
para el 12 de julio la deliberación sobre la admisión
o no del recurso y establece cuáles serán los 5 miembros
que compondrán la sección encargada de verlo.
Llegados al 12 de julio, la sección se constituye con tres miembros,
debido a algunas vacantes recientes, número que, en todo caso,
supone el mínimo legalmente establecido para su constitución.
Ese día, el presidente de la Sala, Ángel Calderón,
resuelve unilateralmente, mediante una providencia, suspender la deliberación
y avocar el caso al Pleno de la Sala en tanto ésta no haya cubierto
sus vacantes. Se da el caso de que la resolución del Presidente
debía adoptar la forma de Auto, que es recurrible, y no la de
providencia, que se utiliza para meros trámites, lo cual no es,
evidentemente, el caso. Los abogados de la familia recurren esta providencia
por su falta de motivación legal y por vulnerar el derecho al
juez natural que sería, en este caso, la Sala de cinco miembros
y no el Pleno. Sobre esta decisión, Julio M. Lázaro publicaba
la siguiente valoración en las páginas de El País:
“Según fuentes del Supremo, de los cinco magistrados que
hubieran decidido sobre la autorización para recurrir, previsiblemente
tres se habrían opuesto, y ahí habría quedado cerrado
el caso. Quizá para evitar un resultado tan ajustado fue por
lo que el presidente decidió llevar a pleno la decisión
sobre la autorización, pero ahora se abre la incógnita
sobre la composición final del pleno. Si los dos nuevos magistrados
que se nombren en su día por el CGPJ [Consejo General del Poder
Judicial] votasen por la admisión, cabría que se registrase
un empate a cuatro. Al menos uno de ellos, procedente del Cuerpo Jurídico
Militar, debe ser nombrado de entre una terna propuesta por el ministro
del Defensa, José Bono[ya cesado].” (Julio M. Lázaro,
“La difícil revisión de una condena a muerte del
franquismo”, El País, 3/10/05).
Llegamos así al 23 de noviembre, cuando la Sala de lo Militar
del TS dicta un Auto que declara nula la providencia del 12 de julio
y ordena “la retroacción del procedimiento al momento anterior
a que se dictara dicha resolución.”; pese a ello, el presidente
de la sala emite a su vez, el 22 de diciembre, un decreto gubernativo
que envía nuevamente el caso al pleno, aludiendo indirectamente
al rechazo del primer recurso de la familia, el de 1994, como ya había
hecho en la providencia de julio pero no en el momento de ser presentada
la petición de recurso, que hubiera sido lo lógico. Los
abogados de las hermanas Puig Antich responden a esta medida con un
recurso de alzada (25 de enero), basado de nuevo en la falta de motivación
y también por desviación de poder.
Otra vuelta de tuerca se dará el 8 de marzo de 2006, cuando es
el propio CGPJ el que da la razón al presidente de la Sala militar.
No deja de ser sintomático el hecho de que 5 vocales, de los
llamados “progresistas”, y entre ellos el vicepresidente del
CGPJ, Fernando Salinas, se hayan opuesto a la decisión del órgano
mediante un voto particular que da la razón a los letrados de
la familia por posible vulneración del derecho al juez natural
y porque arrebatar el caso a la sección para avocarlo al pleno
puede suponer la formación de un tribunal creado ex profeso.
El último episodio de esta larga serie de incidentes se registra
en junio, cuando la Sala de lo Militar del TS deniega las declaraciones
de Francesc Caminal, que fue el abogado de Salvador en su día,
y del doctor Barjau al considerar que no son, en rigor, “nuevas
pruebas”.
La
trampa
Hasta aquí, hemos aludido mucho a las múltiples irregularidades
que convirtieron el juicio contra Puig Antich en una farsa que justificaba
una sentencia previa, y que hoy son la base para la revisión
del caso. Si queremos comprender hasta qué punto los hechos fueron
otros de como se presentaron en el consejo de guerra, será necesario
esbozar la crónica de aquellos días de 1973. Aunque buena
parte de los detalles ya es conocida, de nuevo el material cedido por
Martínez Ramos ha resultado fundamental para ordenar y valorar
lo sucedido.
Era, pues, el 25 de septiembre de 1973. La policía había
detenido previamente a Santi Soler Amigó, al que se usó
como señuelo para tender una trampa a Francesc Xavier Garriga
Paituvi. Soler y Garriga debían encontrarse en la esquina de
las calles Girona con Consell de Cent, donde un Grupo Especial de la
policía había tendido la emboscada en la que también
cayó Puig Antich, que acompañaba a Garriga. El Grupo Especial
estaba comandado por el inspector Santiago Bocigas Vallejo y contaba
con otros tres inspectores, Enrique Muñoz Martín, Timoteo
Fdz. Santorum y Francisco Rodríguez Álvarez, y con los
subinspectores Francisco Anguas Barragán y Luis Miguel Algar
Barrón. Sobre las 18 horas, llegan Garriga y Puig Antich, y son
detenidos inmediatamente. Al parecer, Enrique Muñoz se hace cargo
de Santi Soler mientras que Francisco Rodríguez y Luis Miguel
Algar neutralizan a Garriga; los otros tres policías, Bocigas,
Santorum y Anguas, apresan a Salvador y aquí ya aparece la primera
contradicción: el inspector Bocigas afirma que en ese momento
zancadillean y derriban a Puig Antich, mientras le golpean la cabeza
con las culatas de las pistolas; por su parte, éste declarará
durante el juicio que el forcejeo se inicia en la portería del
número 70 de la calle Girona. Sea como sea, Garriga y Puig Antich
son introducidos por los policías en esa portería, escenario
del tiroteo en el que muere Francisco Anguas.
Todavía hoy es un misterio cómo se desarrolló ese
tiroteo, quiénes dispararon y cuántas veces, así
como el número de impactos que recibió Anguas. Y de qué
pistolas prodecían en realidad, pues parece claro que no fue
Puig Antich el único en disparar sobre el subinspector.
Girona,
70: el tiroteo
La portería del número 70 de Girona es un espacio minúsculo
de 3’25 por 4’5 metros. Allí se produjo el forcejeo
entre siete hombres (la portera abandonó el lugar al ver entrar
a policías y detenidos), seis de los cuales iban armados. Así,
cuando ya en el interior de la portería Garriga y Salvador se
enfrentan a sus captores, la confusión es máxima. Sabemos
que Rodríguez y Algar intentan reducir a Garriga Paituvi, que
conseguirá zafarse y salir del recinto, aunque vuelve a ser detenido
en la calle; en cuanto a Salvador, ya antes de introducirlo en el portal
le han arrebatado la pistola que lleva en el bolsillo de la americana
y, una vez en el interior, comienza a recibir una lluvia de culatazos
que le producirán una fuerte conmoción cerebral. Pese
a los golpes constantes, Salvador consigue sacar una segunda pistola
y, según declarará luego durante el consejo de guerra,
hace “uno o dos disparos sin apuntar a nadie, pues estaba perdiendo
el conocimiento”. A la vez, Santorum dispara sobre Puig Antich,
alcanzándole en la mandíbula y en el hombro izquierdo.
A partir de aquí, los disparos se suceden en lo que será
un nutrido tiroteo —dice textualmente el informe policial—
que cuesta la vida a Anguas. Y otra vez las declaraciones de Bocigas
incurren en contradicción: si en el juicio dice que Puig Antich
hizo varios disparos, sin especificar cuántos, en un informe
previo hablaba de uno sólo y a bocajarro. Para complicar más
las cosas, se darán nuevas contradicciones cuando los policías
declaren sobre su situación y actuación dentro de la portería.
Pero ¿fueron realmente los disparos de Puig Antich los que alcanzaron
al policía? Ya en 1974 resultó imposible realizar el análisis
balístico: de todos los casquillos de bala del tiroteo, sólo
llegaron a manos de los jueces los dos extraídos a Puig Antich;
el caso es que no pareció importarles porque desestimaron las
pruebas de balística y la reconstrucción de hechos que
pedía la defensa. (Y también, por cierto, una pericial
psiquiátrica que estableciera hasta qué punto Puig Antich
era responsable de sus actos en el momento de disparar debido a los
golpes que estaba recibiendo en la cabeza).
En su dictamen sobre la reconstrucción infográfica que
se aporta en el actual recurso de revisión, José Luis
Pedragosa afirma que “Los 9 vestigios posibles de disparo de bala
existentes en el escenario (5 en el cuerpo de Anguas, 2 en el de Puig
Antich y 2 en las paredes [que todavía hoy pueden apreciarse])
superan la capacidad de un cargador. De ellos 3 fueron ascendentes,
2 descendentes y 4 indeterminados (alguno de los vestigios cuerpo-pared
pudo pertenecer a la misma bala). De los apartados anteriores, se deduce
que la versión de un fuego cruzado en pleno forcejeo de 4 personas
pistola en mano, da a las trayectorias una probabilidad de aleatorio
y de errático origen y destino.” Tras analizar la evolución
de los implicados en el recinto y las posibles trayectorias, Pedragosa
se inclina por “(…) un primer disparo (el C) descendente al
abdomen de Anguas, que le hace doblarse hacia delante, lo que facilitó
que los otros dos disparos tuvieran trayectoria ascendente, incluso
uno de ellos muy cerca a quemarropa.”**
Por su parte, los abogados de la familia concluyen hoy, a partir de
los datos de la autopsia, que “(…) sólo una de las
heridas que se reseñan presentaba tatuaje periférico (lo
que indica que el disparo se realizó a corta distancia, mientras
los restantes se realizaron desde una distancia superior) y que mientras
dos de las trayectorias son ascendentes una es descendente —tal
y como explica el Médico Forense Dr. Gabriel Sánchez Maldonado,
en el acta del Consejo de Guerra—, lo que es absolutamente incompatible
con un único tirador apuntando y disparando contra el Sr. Anguas
desde un único lugar, a una única distancia y altura.”
(texto del recurso, página 24)
Capítulo aparte merece la autopsia de Anguas —sin refrendo,
como hemos visto, de casquillo alguno durante el juicio—, que podría
confirmar o desmentir estas hipótesis. Y es que la autopsia constituirá
un episodio más en la trampa que se urdió en torno a Salvador
para condenarle, y poco puede ayudar a clarificar el desarrollo del
tiroteo.
Un
cadáver hurtado
Cuando Anguas, ya cadáver, ingresa en Urgencias del Hospital
Clínico, es examinado por tres ATS y por los médicos Ramón
Barjau, Pedro Munné y Joaquín Latorre. Pese a la petición
de la defensa, ninguno de ellos fue llamado a declarar durante el proceso
sobre lo que vieron en el cuerpo del policía. Seguramente por
eso, por lo que vieron, el cuerpo fue hurtado a los procedimientos
habituales. Hasta el punto de que no quedó depositado en el Instituto
Forense, donde debía naturalmente practicarse la autopsia, sino
desviado a la Comisaría de la Universidad de Barcelona. Y, en
efecto, en una comisaría de policía, y además a
manos de un médico adscrito al cuerpo y no de un forense, se
practicaría una autopsia cuyo dictamen entraba en franca contradicción
con lo que habían visto los facultativos y sanitarios del Clínico.
De hecho, todavía hoy la revisión del Caso Puig Antich
tiene una de sus bazas en las declaraciones de Ramón Barjau,
uno de los médicos que examinó el cuerpo de Anguas a su
ingreso en el Hospital Clínico. De su examen, que fue superficial
y sólo frontal, Barjau guarda la impresión de un cuerpo
cosido a tiros. ¿Cuántos? No lo recuerda con precisión,
pero sin duda había dos en el muslo. Sin embargo, la autopsia
sólo recoge tres impactos en el cuerpo, y los tres en el tórax
(recordemos que Puig Antich declaró que hizo “uno o dos
disparos” y que Bocigas, que dirigía el grupo de policías,
habla inicialmente de uno).
La conclusión de todo el proceso vendría el 8 de enero
de 1974, cuando los jueces militares solventaron tanta confusión
condenando a muerte a Puig Antich. Pero ¿mató él
a Anguas? ¿O lo hizo, más probablemente, uno de los propios
policías que participó en la acción? Eliminadas
algunas pruebas y manipuladas las restantes, seguramente no sabremos
nunca la respuesta. Por lo mismo, sí queda claro que fue la voluntad
política del franquismo la que asesinó a Salvador Puig
Antich aquel 2 de marzo de 1974 en el garrote de la cárcel Modelo
de Barcelona.
*Sobre
el tema de Puig Antich y el MIL, l@s lector@s de “Soli” pueden
consultar en nuestra edición digital (www.soliobrera.org) el
excelente trabajo de Carles Sanz, MIL: revolucionarios anticapitalistas
(“Cuaderno de pensamiento”, nš 3).
**Extraído del informe Reconstrucción del tiroteo de
pistolas que produjo la muerte del subinspector Francisco Anguas Barragán
y heridas a Salvador Puig Antich, página 17, de REGES (Investigación
y Reconstrucción de accidentes). José Luis Pedragosa Radua
es autor del dictamen; Jordi Maurel Escarpanter de la simulación
infográfica.