EDITORIAL
Mártires
del andamio
La precariedad, como expresión social de una progresiva pérdida
de derechos laborales, se ha venido convirtiendo en el tema básico
de buena parte de los trabajos y preocupaciones de CNT y de los movimientos
sociales no-folclóricos. Especialmente, claro, en su manifestación
más dolorosa: los accidentes laborales y, entre estos, los que
acarrean la muerte de un trabajador.
Justo cuando la Ley de prevención de riesgos laborales ha cumplido
diez años desde su entrada en vigor, el balance de la siniestralidad
laboral en el Estado español arroja unas cifras alarmantes (la
media es de cinco muertos al día), y más si tenemos en
cuenta que parecen haber sido asumidas por los mal llamados “agentes
sociales” como el coste inevitable de la precarización que
sufren l@s asalariad@s. Eso sí, dado que la magnitud del problema
es tal que resulta imposible invisibilizarlo o relativizarlo, los propios
“agentes sociales”, en especial los sindicatos institucionales
(CCOO y UGT), denuncian públicamente la situación, pero
sin dejar de firmar/legitimar nuevas reformas laborales y sin señalar
a la Dictadura de Mercado como principal culpable de los accidentes.
No es diferente el caso del Gobierno, que asume también esa misma
denuncia pública, para darse por enterado, y, de la misma manera,
sin cuestionar el origen del problema; ahí está, si no,
la Memoria de 2005 emitida por el Fiscal General del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, que se permite este impecable diagnóstico del
fenómeno —en contra, como luego se verá, de la actuación
general de los jueces españoles—: “Resulta perfectamente
posible al empresario —por cruel que pueda parecer este análisis—
rentabilizar en su cuenta de resultados la vulneración de las
normas más elementales de seguridad, asumiendo el consiguiente
riesgo de accidentes como un coste más de la producción,
ya sea mediante la suscripción de las oportunas pólizas
de seguro o calculando directamente en su margen de beneficio el importe
de eventuales multas e indemnizaciones.” (Citado por Bonifacio
de la Cuadra en “Muertes siniestras y baratas” [El País,
20/12/05].)
Por cierto, que en ese mismo artículo, de la Cuadra estudia brevemente
el binomio Justicia-siniestralidad, aportando análisis internos
sobre la negligencia o servidumbre de los jueces para con el Mercado
—pues no sólo Gobierno y sindicatos amarillos le son fieles—.
Pese a su extensión, merece la pena reproducir varios fragmentos
del trabajo de de la Cuadra, por lo terriblemente reveladores que resultan:
“(…) algunos juristas [han] indagado sobre las razones de
la ineficacia del sistema penal en esta materia. Uno de ellos, Sáez
Vacárcel, recuerda que algunas de las numerosas resoluciones
que responsabilizan al trabajador del accidente del que es víctima,
evocan aquellas decisiones judiciales sobre violencia sexual contra
las mujeres en las que el tribunal analizaba en primer lugar si la víctima
había provocado el ataque o si se había resistido con
suficiente firmeza contra el agresor. (…) Otro fiscal, Juan Carlos
López Coig, resalta la importancia de que la policía judicial
precinte, inmediatamente después de producirse el accidente,
el lugar donde ha acaecido, para evitar que cuando lleguen quienes tienen
que inspeccionarlo hayan sido colocadas las barandillas, redes u otras
medidas de seguridad cuya ausencia originó el siniestro.”
Como se ve, si bien la Dictadura de Mercado es la responsable de la
siniestralidad que conlleva la precarización (y su brazo armado:
la temporalidad), los cómplices son, necesariamente, múltiples.
Sólo desde esta responsabilidad tan extensa y profunda, tan estructural,
puede explicarse que el Estado español esté a la cabeza
del índice de siniestralidad laboral de la Unión Europea
(significativamente, lo está también en el de la temporalidad,
con una cuota del 33% sobre el total de contratos). Además, ya
lo hemos visto, la siniestralidad sale barata y la favorece un alto
grado de impunidad.
Otro de los factores que delata el origen del problema de la mortalidad
en el trabajo es, directamente, el de sus causas. Aunque parezca una
obviedad, es necesario detenerse un momento ante esas causas, que, al
fin y al cabo, no por evidentes resultan menos mortales, y cuyo conocimiento
preciso es necesario si hemos de imponer su prevención. Según
fuentes del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las causas
más frecuentes de los accidentes laborales con resultado de muerte
son el método de trabajo inexistente o inadecuado (25,3 % sobre
el total de accidentes); formación / información inadecuadas
o inexistentes sobre riesgos y medidas preventivas (19%); ausencia o
deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas
(13,8%); no identificación de los riesgos que han provocado el
accidente (9,3%); ausencia / deficiencia en la evaluación de
riesgos (9,3%); y, por último, no utilización de equipos
de protección individual que la empresa debe poner a disposición
del trabajador (6,9%). Por sectores, es la construcción, con
308 muertos durante 2005 (la cifra más alta de los últimos
14 años), el que más accidentes padece, seguida por la
industria química, siderúrgica y de construcción
naval. Sumemos a todo esto otros factores para completar el panorama
de nuestra (mala) salud laboral: el incremento de enfermedades profesionales,
tanto tradicionales como emergentes; la dificultad de establecer estadísticas
fiables que recojan las cifras de los trastornos producidos por el acoso
en el trabajo ("mobbing"), con la consiguiente dificultad
para atajar el fenómeno en sí; y la invisibilidad legal
del colectivo de trabajador@s más vulnerable: los Sin Papeles.
A pesar de tanta cifra, las cuentas salen claras: está haciendo
falta mucha, mucha acción directa en el tajo. De lo contrario,
nosotr@s seguiremos poniendo los muertos, como en la guerra.
Porque está visto: nos quieren mártires no sólo
de su patria, también de sus andamios.