EDITORIAL
Precarias
expectativas
Aunque
decirlo resulta ya redundante, parece que soplan malos, muy malos vientos
para l@s asalariad@s de Europa. Por lo que respecta al estado español,
la excepción sigue siendo norma y vivimos instalados en esa alarma
desde hace más de una década. Así, por ejemplo,
mientras que la tasa media de temporalidad laboral en Europa es del
13’6 %, la española sube a un 34’39% (!) (más
que Italia, Gran Bretaña, Bélgica y Suecia juntas), lo
que supone, exactamente, un total de 5.134.800 personas (con un 27%
de mujeres y un 21% de los menores de 25 años) trabajando precariamente;
el monto, por cierto, no incluye a los Sin Papeles, que legalmente no
cuentan porque no existen, pese a haber llegado a sumar la cifra nunca
contrastada de 1.300.000 personas antes del último proceso de
regularización.
Por si los datos no fueran suficientemente alarmantes, no existen indicios
que permitan suponer que el estado español va a librarse del
influjo precarizador que comienza a inquietar en otros estados europeos,
y que aquí llegaría, como hemos visto, para agudizar una
situación dramática. En efecto, mientras Durao Barroso,
presidente de la Comisión Europea, presiona a los gobiernos de
la UE para que posibiliten una nueva desregulación de los mercados,
se suceden los anuncios de despidos masivos por parte de grandes empresas
y corporaciones internacionales: Sony (10.000 puestos de trabajo), Renault
(4.000), Sanyo (10.000), Mercedes-Benz (8.5000)...
En este contexto, cobra pleno sentido la campaña de cuestionamiento
de lo que se llamó “estado del bienestar”, perfectamente
inédito por estos lares, y el consiguiente recorte de derechos
sociales. Resulta paradigmático el caso de Alemania que, con
casi cinco millones de parados y un millón más de personas
acogidas a los planes de formación profesional, ha dejado de
ser un baluarte del empleo estable y de las pensiones dignas; de hecho,
ya es obligatorio para lo parados alemanes aceptar todo tipo de empleo
por debajo de su calificación profesional y del salario marcado
en los convenios colectivos. Por su parte, Volkswagen amenaza con despedir
a 10.000 emplead@s y deslocalizar muchas de sus fábricas en Alemania
(paralelamente, SEAT lo está haciendo aquí, planeando
eliminar el 10% de su plantilla) si el comité de empresa no acepta
la reducción salarial, el aumento de jornadas laborales, el fin
de la cogestión, que implica una determinada cuota de control
interno para l@s trabajador@s de la plantilla, y otras medidas, como
la recuperación del trabajo no realizado durante los primeros
14 días de baja por enfermedad. En cuanto al otro motor del capitalismo
europeo, Francia, las propuestas de recortes sociales son similares
a las de Alemania; y, con más de un 10% de desempleo estructural,
también en Francia preocupan las medidas de grandes empresas
como Hewlett-Packard, que ha anunciado 6.000 despidos, 1.240 de ellos
en el país galo.
Si algo ejemplifica todo esto es que los estados no serán los
que pongan freno a esta gran ofensiva neoliberal: ni se han negado a
las privatizaciones, más bien todo lo contrario, ni tienen ya
herramientas para impedir las deslocalizaciones. Ya se ve: no era el
anarquismo el gran enemigo del estado; el capitalismo lo ha derrotado,
secuestrando finalmente al que, en origen, fue su perro guardián.
En cuanto a los sindicatos institucionales, es ejemplar el caso español:
CCOO y UGT, que han facilitado el actual estado de cosas legitimando,
una tras otra, las reforma laborales de las últimas décadas,
escenifican ahora un plante que no pasa de ser una mala obra de teatro.
En el sainete, que es el de la negociación de la nueva reforma
laboral, UGT y CCOO denostan públicamente lo que, una vez más,
acabarán firmando (de hecho, las dos centrales han difundido
de forma oportunista parte de las estadísticas con que estamos
trabajando). Por lo demás, las “nuevas” recetas que
se barajan en la negociación de la reforma consisten en abaratar
el despido y en seguir manteniendo a los empleados de ETT fuera de las
normas de los convenios, contrariamente a lo que ocurre que los que
proceden del INEM y que son, por tanto, un bocado menos apetecible.
En una sociedad cuyos poderes han hecho del terrorismo la coartada para
invadir derechos y países, resulta nauseabundo que nadie reconozca
en esta precariedad la forma de terrorismo más extendida y letal,
que nadie denuncie, en fin, el terrorismo capitalista y a sus agentes
sindicales, empresariales y estatales. ¿Debemos recordar que,
sólo en Catalunya, seis de cada diez familias llegan penosamente
a fin de mes? ¿Olvidamos que, en el primer semestre de 2005,
el índice de accidentes laborales mortales (680 ya) ha sufrido
un repunte del 7’5% y que el número de accidentes con baja
ronda el medio millón (por cierto, significativamente en 2002
el estado español fue el que contabilizó más accidentes
laborales de toda la Unión Europea)?
No basta con denunciar esta situación; no nos conformamos con
efectuar su análisis. Pero resultaría pueril que CNT pretendiera
ser la única opción de lucha para enfrentar la pandemia
de precariedad que se nos viene encima. Si alguna esperanza hay, ésta
sólo vendrá del trabajo conjunto de la Confederación
con otros sindicatos de clase y con los colectivos que pueden aglutinar
luchas dispersas (que no pueden solucionarse dispersamente): desde la
inmigración a la vivienda, desde la ecología a la educación.
Éste ya no es, en definitiva, un simple problema laboral y afrontarlo
juntos es nuestra responsabilidad.
Excusas, no las habrá para nadie.