Otra
reforma laboral está en marcha
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Se
ha cumplido un año desde el retorno de los "socialistas"
al poder. Al igual que la de sus predecesores, durante este tiempo su
gestión ha consistido, por un lado, en beneficiar a las comunidades
autonómicas en las que también gobiernan, por el otro
en tomar decisiones más populistas que les distancien del furor
neoliberal demostrado por los "populares". Sin embargo, ha
llegado el momento de afrontar otras medidas peor aceptadas, por lo
que precisan de un sólido pacto con los "agentes sociales".
La primera ya está en gestación: una drástica reforma
laboral que verá la luz próximamente.
La
"paz social" como coartada
Son numerosas las instituciones financieras y políticas que,
desde hace tiempo, reclaman una modificación de nuestro mercado
laboral. En este sentido, se han publicado puntualmente las últimas
recomendaciones de la Organización para el Comercio y Desarrollo
Económico, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión
Europea (CE) y el Consejo Económico y Social, entre otras. En
ellas, tildan de insostenible la situación actual, sugiriendo
que se incremente su flexibilidad para garantizar "más y
mejores puestos de trabajo"1.
La nueva reforma laboral era uno de los temas que aguardaba a quien
ganara las pasadas elecciones generales. No obstante, hasta principios
de julio no empezó a abordarse. Utilizando una declaración
conjunta firmada en la Moncloa con la patronal, CCOO y UGT, el gobierno
presentó ese mes un acuerdo que le garantiza la "paz social"
y le servirá en adelante de escudo. Acto seguido, las tres partes
nombraron una Comisión de Expertos compuesta por ocho catedráticos,
a quienes encargaron un análisis detallado de las reformas laborales
aprobadas durante los últimos diez años, lo cual les ha
llevado varios meses. Amparándose en dicho estudio su aprobación
se pospuso hasta este año, levantando duras críticas desde
la CE al relacionarse su tardanza con el diálogo social.
Salvo discrepancias posteriores motivadas por la revisión automática
del salario mínimo interprofesional —finalmente aparcada
para no entorpecer el diálogo2—, el entendimiento entre
la patronal y los sindicatos institucionalizados ha predominado durante
estos meses. El interés en mantenerlo les ha llevado incluso
a establecer un "Protocolo de bases de funcionamiento para la concertación
y el diálogo social" en el que se enmarcan las bases de
negociación de próximas negociaciones. Asimismo, sus apariciones
conjuntas en actos donde se aborda la flexibilidad laboral son otro
patético ejemplo del buen clima existente en sus relaciones.
Allí los sindicalistas de despacho ejercen de bufones mientras
coquetean y exponen sus previsiones económicas.
Persiguiendo
más flexibilidad
Finalmente el pasado 31 de enero era presentado el informe del Comité
de Expertos3. Aunque sus conclusiones no sean vinculantes ni en ellas
se critique directamente a las anteriores reformas, sí que demuestran
que han sido las responsables de la alta tasa de temporalidad que hoy
padecemos, señalando además que incluían medidas
contradictorias. No obstante, concluye recomendando que la próxima
reforma global combine un empleo más estable con una mayor flexibilidad
laboral, solicitando que ésta última no se interprete
como "la simple ausencia de garantías para los trabajadores".
A pesar de ello, es evidente que nos enfrentamos a otra propuesta de
abaratamiento del despido. En la de 1984, con la introducción
de lo que llamaron "contrato en fomento del empleo", los "socialistas"
abrieron la veda a la contratación temporal, no contemplándose
en ella ningún tipo de indemnización. En 1993 aprobaron
el "despido objetivo" por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, rebajándose las indemnizaciones
en estos supuestos a tan sólo 20 días por año trabajado
y prescindiendo de cualquier autorización administrativa. En
1997, con los "populares" en la retaguardia y bajo el pretexto
de favorecer a los "sectores más desfavorecidos" —mujeres,
jóvenes, discapacitados, parados de larga duración y mayores
de 45 años—, la patronal y los sindicatos institucionalizados
sentaban las bases de un peligroso precedente, aprobando para esos sectores
una rebaja de la indemnización por despido improcedente de tan
sólo 33 días. Ahora el Ejecutivo pretende generalizarlo
a la totalidad de contratos indefinidos que se realicen complaciendo
de nuevo los intereses empresariales.
Eludiendo
responsabilidades
Lo más denigrante es que incluso a sabiendas del daño
que las sucesivas reformas laborales han comportado, nadie asuma responsabilidades
con respecto al auge de la contratación temporal, que ya afecta
al 90% de los contratos que se realizan. Ni los partidos que las aprobaron,
ni los sindicatos pactistas, ni la patronal —obviamente la parte
más beneficiada—, se han responsabilizado de sus "logros",
reaccionando únicamente tras las exigencias de las instituciones
antes citadas para evitar una mayor inestabilidad económica.
Durante todo este tiempo la Administración ha optado por no vigilar
que las ayudas y facilidades concedidas a las empresas reviertan en
su competitividad, así como por no sancionar con medidas económicas
las que poseen un elevado número de despidos.
Asimismo, el propio Joaquín Almunia —ex ministro de Trabajo
que estableció la contratación temporal y hoy flamante
Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión
Europea (UE)— se posicionaba recientemente a favor de una reforma
laboral que acabe con la alta tasa de temporalidad4.
Por otra parte, hay que destacar que la Comisión de Expertos
ha reconocido que las empresas han compensado su falta de productividad
moderando los salarios. Con la complicidad de los sindicatos institucionalizados,
y especialmente desde la aprobación del Acuerdo Interconfederal
de Negociación Colectiva —prorrogado hace escasas semanas5—,
están perpetuando nuestra pérdida de poder adquisitivo.
Además, los empresarios, sabedores del superávit creado
en la Seguridad Social durante los últimos años, ahora
reclaman una rebaja de sus cotizaciones y nuevas ayudas para modernizar
las empresas.
Ahora, y a pesar de los últimos informes presentados, todos ellos
eluden su responsabilidad, omiten su implicación y se llenan
la boca hablando de buscar una falsa estabilidad en el empleo.
Otra
reforma con piel de cordero
El discurso que acompañará la nueva reforma laboral se
maquillará con términos como "competitividad",
"flexibilidad" y "empleo estable".
Con respecto a la primera hay que denunciar que la situación
por la que están pasando numerosas empresas es en parte fruto
de su carroñera gestión, puesto que se han preocupado
únicamente en producir beneficios a corto plazo sin reinvertirlos
en innovación tecnológica. Conviene recordar que durante
las últimas reformas laborales se les otorgó posibilidades
de contratación temporal subvencionada y facilidades para indemnizar
con menos días el despido de sus empleados. Es más, aun
demostrándose que muchas empresas no son deficitarias, éstas
se aprovechan de esas facilidades para contratar, despedir e incluso
trasladar su producción a otros países sin que administrativamente
se les ponga trabas. Un negocio redondo del que ahora esperan obtener
mayor beneficio flexibilizando aún más las relaciones
laborales.
En cuanto al "empleo estable" conviene matizar que bajo este
eufemismo se esconde la pretensión de fomentar un falso empleo
indefinido, proponiendo rebajar el despido improcedente en las nuevas
contrataciones a tan sólo 33 días por año en lugar
de a los 45 actuales. Sin embargo, este recorte de derechos laborales
está contribuyendo a fomentar más inestabilidad. Las estadísticas
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) son reveladoras: si bien los
contratos indefinidos realizados que incluyen una indemnización
de 45 días por año casi duplican a los de tan sólo
33 días6, una comparativa entre ambos revela que el 75% del total
de despidos corresponde a esta última modalidad de contratación7.
Queda claro pues que con tal medida sólo se está beneficiando
a la patronal.
Tergiversando
sus intenciones
Antes de aprobar la reforma nos querrán persuadir de que unificar
los criterios —en cuanto a días de indemnización
en caso de despido improcedente se refiere—, supone igualar nuestros
derechos. Lo que no nos dirán es que pretenden hacerlo a la inversa,
es decir, rebajando los que ya existen hasta equipararlos con los recortes
establecidos en la reforma laboral de 1997. Aunque nos lo presenten
como una mejora laboral, unificar los contratos indefinidos para sintetizarlos
en una indemnización de 33 días obviamente no supone defender
el "empleo estable", sino dar nuevas facilidades de contratación
y de despido a la patronal. Acogiéndose a una rebaja de cotización
anunciada hace meses y vuelta a insinuar recientemente8, las empresas
podrán contratar y despedir por menos dinero, siendo ellas las
únicas beneficiadas. En cambio, a los asalariados se nos perjudicará
tanto individual como colectivamente, puesto que cobraremos menos en
caso de despido e ingresarán menos por nosotros en la Seguridad
Social.
También se nos intentará convencer de que se quiere frenar
la temporalidad laboral, pero en ningún caso se contempla la
desaparición de esta modalidad de contratación. Ninguno
de los negociadores ha planteado su abolición ni tan siquiera
a largo plazo, con lo que sus declaraciones son sólo una cortina
de humo tras las que se esconde el conocido recorte de derechos a las
nuevas generaciones. En este sentido, no sería de extrañar
que se realizara alguna campaña destinada a mitigar el rechazo
que pueda suscitar. En ella podría inculcarse que sólo
afectará a los contratos que se firmen a partir de su entrada
en vigor, fomentando la insolidaridad y el inmovilismo entre los trabajadores
de más antigüedad.
Cómo
y cuándo se aprobará
El documento base sobre el que se abordarán las negociaciones
ya ha sido presentado por el gobierno, y no es ninguna casualidad que
haya sido calificado como positivo por Convergència i Unió
y el Partido Popular. Llegados a este punto, para que el resultado de
la negociación satisfaga a todas las partes, sólo falta
por concretar cómo presentárnosla salvaguardando los intereses
y la imagen de UGT y CCOO, y cuándo aprobarla.
Para lo primero, dada la dependencia económica que los sindicatos
institucionalizados tienen del Estado, bastaría por incluir en
el acuerdo que se favorecerá la formación continua de
los trabajadores durante su vida laboral, algo a lo que ya se ha hecho
alusión. La recompensa económica que les supone la adjudicación
de numerosos cursos, acompañada de otros puntos donde se mencionen
de pasada temas como la siniestralidad laboral y el favorecer el empleo
a los sectores más desfavorecidos puede ser suficiente para justificar
su firma. Así pues, tras haber sentado en su día el precedente
para la rebaja del despido, pronto veremos si su actual oposición
a generalizarla se mantiene o acaba maquillándose.
En cuanto al segundo aspecto hay que decir que el gobierno ha declarado
su interés en alcanzar un acuerdo lo antes posible, a poder ser
antes de verano. Amparándose en el sagrado "pacto social"
aprobarán una de las principales reformas que nos tiene preparadas.
La siguiente seguramente será la de las pensiones, que también
será merecedora de otro artículo.
1.
Ver
edición 12-7-2004 en www.elmundo.es
3.
Ver
edición 1-2-2005 en www.elmundo.es
4.
"Almunia
pide una gran reforma laboral para ganar competitividad". Cinco
días, edición del 8-2-2005.
5. Ver edición 7-3-2005 en www.elmundo.es
6. Ver edición 21-3-2005 en www.estrelladigital.es
7. Ver edición 18-3-2005 en www.estrelladigital.es