Invisibles
y mudos: el conflicto de los «sin papeles»
(Entrevista con Norma Falconi)
La
Asamblea por la Regularización sin Condiciones es uno de los
pocos colectivos de inmigrantes no orquestado por el Gobierno y, precisamente
por eso, no reconocido como «agente»negociador. La Asamblea
convocó varios encierros y huelgas de hambre para los días
11, 12 y 13 del pasado marzo (uno de los cuales se realizó en
los locales de CNT de la calle Joaquim Costa). Ante la nueva negativa
del Gobierno a atender las reivindicaciones formuladas por los inmigrantes
a través de la Asamblea, que hace honor a su nombre en cuanto
a su funcionamiento, ésta ha convocado una huelga de hambre indefinida,
seguida ya por casi 400 inmigrantes, y encierros en locales rotativos
desde el 3 de abril.
Para hablar de este conflicto, hemos entrevistado a la ecuatoriana Norma
Falconi, una de las portavoces de la Asamblea, en su encierro de la
Iglesia del Pi.
–Pregunta.
¿Cuál es vuestra valoración del proceso de regularización
emprendido por el actual Gobierno?
–Respuesta. Para empezar, desde la Asamblea por la Regularización
sin Condiciones, seguimos exigiendo la derogación de la Ley de
Extranjería, que ya va por su cuarta modificación, cada
una de las cuales la ha hecho más y más represiva. Por
cierto, la última de esas modificaciones fue sólo apoyada
por el PSOE, que ya ha olvidado sus propuestas «amables»
de 2001; de hecho, los nuevos requisitos para la regularización
son un filtro encubierto destinado a mantener en la economía
sumergida a la inmensa mayoría de los inmigrantes sin papeles.
Nosotros denunciamos que el Reglamento de 2004 responde exclusivamente
a las necesidades de los empresarios y del Gobierno y no a las necesidades
de los inmigrantes, que han quedado excluidos de cualquier negociación
y se ven convertidos, con suerte, en mano de obra barata. Esta regularización
no promueve el arraigo social ni la igualdad laboral; quiere ignorar
que hay menores trabajando y no tiene en cuenta a las mujeres. Además,
uno de los requisitos es que el solicitante esté empadronado,
cuando muchos nunca se han registrado por miedo a que el Padrón
sea entregado a la policía.
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un colectivo que, se
supone, comprende 1.300.000 personas, de las cuales sólo unas
300.000 están participando en el proceso de regulación.
Estadísticamente, pues, es un engaño. El caso es que,
si la economía española es próspera (para algunos),
se debe a esa inmensa mano de obra barata y desprotegida; el Gobierno
¿se atreverá a malgastar esa riqueza? ¿atajará
la economía sumergida, que está así tan bien alimentada?
Creemos que no.
–P. ¿Cuáles son vuestras propuestas para llegar
a alguna solución?
–R. A efectos inmediatos, defendemos una flexibilización
de cinco puntos: que se amplíe el plazo de regularización;
que se acepte otro documento legal que no sea el padrón; que
se elimine la necesidad del contrato de un año, al que mucha
gente no puede acceder; que se amplíe el plazo para la presentación
del certificado de penales, pues es un proceso lento y complejo; y que
se revisen los casos resueltos con denegación de la tarjeta de
residencia, que ya son más de 27.000 (y algunos con más
de cinco años de residencia).
–P. La estrategia de los encierros ¿está resultando
efectiva?
–R. Hay un antes y un después del desalojo del encierro
en la catedral de Barcelona, el año pasado. En aquella ocasión,
fueron los sindicatos mayoritarios y cierta asociación de inmigrantes,
promovida por la Delegación del Gobierno, los que legitimaron
el ataque de los antidisturbios, violando, por cierto, la vieja ley
del asilo en sagrado, cosa que no ocurría en España desde
los tiempos del franquismo. Esta vez, hemos negociado la cesión
de los locales por parte de los colectivos propietarios y estamos siendo
muy discretos con las ofertas porque hay mucha presión policial
contra los colectivos que están cediendo locales. Por cierto,
que en cuanto un nuevo centro se suma a la lucha, se llena casi inmediatamente.
El actual delegado del Gobierno, Rangel, ha declarado que, con esta
política de encierros indefinidos y huelga de hambre, hemos situado
a la gente en un callejón sin salida. Pero es el Gobierno, no
la Asamblea, quien ha metido a la gente en el callejón con su
política migratoria, una política de expulsión
y marginación. Ese mismo Gobierno que nunca ha aceptado negociar
con nosotros –ni siquiera nos reconoce- porque ya tiene a los sindicatos
mayoritarios y a ciertos colectivos de inmigrantes para hacer un simulacro
de negociación y seguir imponiendo unilateralmente sus criterios.
Ese mismo Gobierno, en fin, que mientras ofrece una regularización
trabaja activamente para conseguir nuevos convenios de repatriación
que faciliten las expulsiones. Por eso, la Asamblea ha recurrido siempre
al tejido social.
–P. ¿Se mantienen las redadas policiales indiscriminadas
a la caza y captura del inmigrante?
–R. Aunque el Gobierno anunció una moratoria en las
detenciones y expulsiones durante los tres meses del proceso de regularización,
esto no se ha cumplido*.
El acoso policial contra nuestro colectivo es permanente desde 1995
y hemos venido observando que, cada vez que se anuncia o abre un proceso
regularizador, este acoso se intensifica. Para hacer pública
esta situación, convocamos el acto ante el Centro de Internamiento
de la Verneda, el 2 de abril.
–P. ¿Ha habido casos de tortura?
–R. Sí. Sin ir más lejos, hubo unos cuantos
durante el conflicto por el desalojo de los cuarteles de Sant Andreu.
A las seis de la tarde, a los compañeros no les daban la merienda:
les daban palos.
Y, como hablamos de personas sin papeles, invisibles, inexistentes legalmente,
no hay cauces para denunciar estos hechos.
–P. ¿Hay presiones policiales contra la Asamblea?
–R. Peor aún, sospechamos que hay infiltrados.
–P. La historia de vuestro colectivo resume perfectamente
la evolución del conflicto de los sin papeles.
–R. En 1996 se creó la Asamblea por los Papeles para
Todos y Todas para que los «sin papeles» tuvieran voz, su
propia voz, y dieran a conocer directamente sus reivindicaciones, que
nadie conoce mejor ellos. Pronto iniciamos una campaña contra
los Centros de Internamiento, que pasaban bastante desapercibidos entre
la sociedad en general, y contra la Ley de Extranjería, insistiendo
en que criminaliza al inmigrante tanto como a cualquier persona que,
por amistad o solidaridad, se relaciona con él, ya que se convierte
en un encubridor. La Asamblea promovió numerosos actos en barrios,
colegios, centros sociales, etc, para denunciar que en la Unión
Europea se promueve la libre circulación de mercancías
y se prohibe la de las personas (de las personas pobres, claro, no de
los turistas).
En 2001 convocamos los primeros encierros. A la vez, profundizamos los
contactos con colectivos autóctonos para denunciar la Ley de
Extranjería y entablamos relaciones igualitarias, pues rechazamos
la actitud caritativa o paternalista: somos personas, no «esos
pobrecitos inmigrantes». Fruto de todos estos contactos, el colectivo
se fue ampliando y en 2002 adoptó el nombre actual, Asamblea
por la Regularización sin Condiciones. Ese año convocamos
el ayuno en la iglesia de Sant Medir junto a gente autóctona.
En 2003 la situación de los inmigrantes -especialmente, como
siempre ocurre, de los sin papeles- se precariza aún más
por la política del PP y comienza el conflicto por el desalojo
de los cuarteles de Sant Andreu; entonces conseguimos que 500 personas
participaran en el litigio contra el Ministerio de Defensa y, al menos,
se paralizó el desalojo hasta febrero de 2004. Ni que decir tiene
que las soluciones que ofreció el Ayuntamiento a le gente que
ocupaba los cuarteles fue provisional (tres meses de acogida en diversos
centros para algunos, nada para la mayoría) y fue otra muestra
de su política: hacer invisibles los problemas, no solucionarlos.
Durante 2004 continuamos la serie de asambleas y manifestaciones y comenzamos
a colaborar con el proyecto del May Day.
En cuanto a 2005, ya lo veis.
*Esta entrevista se realizó el 4 de abril. El día 6, era detenido durante unas horas Jamal Nasir, uno de los portavoces de la Asamblea, en un claro mensaje intimidatorio dirigido a los encerrados y sus representantes.
Redacción