El fuego
de la discordia Rosendo
A
lo largo de estos últimos días hemos asistido, con estupor,
a un patético acontecimiento mediático que podría
ser definido como puro esperpento surrealista. Un rocambolesco espectáculo
que nos motivaría a la chanza y a la risotara histriónica
de no mediar un serio trasfondo político que afecta a la libertad
de numerosas personas en el continente asiático. Tanto en Europa
como en América, aquellos países que forman parte del
trayecto organizado por el Comité Olímpico Internacional
para conmemorar el prolegómeno de las próximas Olimpiadas,
que se celebrarán el próximo mes de agosto en Pekín,
han tenido que organizar importantes dispositivos de seguridad para
proteger el discurrir de la antorcha olímpica ante el peligro
de que se produjeran sabotajes de protesta organizados por grupos defensores
de los derechos humanos en el Tíbet. De esta manera, los respectivos
Gobiernos de París, Londres, San Francisco y Buenos Aires se
han visto obligados a modificar, y en algunos casos suspender, los actos
ceremoniales previstos para la ocasión, por motivos técnicos
y de seguridad, ante las airadas protestas de los manifestantes.
No es de extrañar que un evento deportivo internacional tan importante,
como es la celebración de unos Juegos Olímpicos, sea utilizado,
por algunas organizaciones, para cargar contra la política administrativa,
jurídica, socio-económica y territorial del país
anfitrión y solicitar un boicot internacional. El presidente
del COI, Jacques Rogge, ha solicitado el abandono de la violencia contra
los intereses de China afirmando, en un superlativo alarde de cinismo,
que no debería mezclarse política y deporte –como
si los acontecimientos deportivos estuvieran exentos de desmedidos actos
de patrioterismo xenófobo y no escondieran especulativos intereses
mercantilistas– para no incomodar al Ejecutivo de Pekín.
Aún así, los manifestantes han persistido en sus actos
reivindicativos, a pesar de las impresionantes medidas policiales emprendidas
para controlar a organizaciones cívicas tan dispares como Reporteros
Sin Fronteras, la secta Falung Gong o asociaciones de tibetanos exiliados
–como es el caso de los jóvenes activistas de la campaña
Free Tibet 2008 o del denominado Congreso de la Juventud Tibetana–.
La presidenta de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha denunciado
el aumento de las detenciones indiscriminadas, de los juicios sin garantía
legales y de la tortura en el Tíbet con el objetivo de reprimir
a todo disidente que denuncie la inmoralidad de un sistema político
totalitario, embarcado en un proceso de reformas económicas basadas
en las prácticas capitalistas más salvajes y depredadoras.
Recientemente, el Dalai Lama ha efectuado unas polémicas declaraciones
que, lejos de apaciguar la delicada situación social de su país,
ha contribuido a exacerbar los ya de por sí caldeados ánimos
de sus conciudadanos. En una intervención ante los medios de
comunicación ha denunciado la implantación por China de
un severo régimen de terror que ha conducido hacia el genocidio
cultural del Tíbet. Este discurso, agresivo y beligerante, sustituye
a un acostumbrado talante pacifista y moderado, haciéndose eco
del intenso malestar existente en la comunidad tibetana exiliada, que
ha visto la oportunidad de utilizar los Juegos Olímpicos como
una plataforma propagandística para que los medios de comunicación
se hagan eco de sus reivindicaciones históricas. La dura represión
ejercida por las Fuerzas de Seguridad de China contra monjes y estudiantes
que reivindicaban la autodeterminación del Tíbet motivó,
a mediados del pasado mes de marzo, la creación de una violenta
revuelta social en Lhasa, la capital tibetana. Los tranquilos actos
reivindicativos, que duraron cuatro días, degeneraron en una
aberrante persecución contra miembros de la comunidad china tibetana
y en censurables actos de barbarie como la quema de vehículos,
viviendas, comercios y centros religiosos, así como en agresiones
contra la comunidad Han, etnia de religión islámica. Como
es de esperar, la policía y el ejército respondieron de
forma contundente contra la multitud, originándose numerosos
heridos y un número indeterminado de muertos, convenientemente
ocultado a la prensa por la férrea censura china.
Reivindicaciones
históricas
Estos acontecimientos se enmarcan en el contexto de la celebración
del 49º aniversario de la revuelta nacionalista de Lhasa contra la invasión
del Tíbet, acontecida en el año 1950, por el ejército
chino. Pero la posterior división geográfica y administrativa
del país y el consiguiente reparto de gran parte del territorio
tibetano entre las provincias limítrofes, relegando el país
al estatus de región autónoma bajo supervisión
de Pekín no es un fenómeno nuevo a lo largo de la accidentada
historia tibetana, tal y como veremos a continuación. El actual
Tíbet es fruto de la política china de reparto de territorio
entre las diferentes familias aristocráticas, a las que se concedió
privilegios, en forma de exención en el pago de impuestos, para
evitar la disgregación del imperio ante la constante amenaza
de tropas extranjeras. Los monasterios budistas también quedaron
liberados del pago de tributos, convirtiéndose con el tiempo
en auténticos enclaves autónomos, dotados de un notable
poderío económico y militar. De esta forma, los tibetanos
consiguieron preservar una precaria independencia frente a los embates
de los turcos, que invaden Asia Central entre los siglos VI y XII, y
ante el imparable poderío de las tropas mongolas de Gengis Khan
y de su nieto, Kublai Khan, a lo largo del siglos XIII, quienes aceptan
la sumisión del Tíbet sin llegar a invadirlo ni sojuzgarlo.
Durante un largo período de tiempo se crea un estado feudal teocrático
en el que los lamas, organizados según una compleja estrutura
jerárquica, ostentaron el poder político y religioso,
con gobierno y control absoluto sobre la clase trabajadora campesina.
A partir del siglo XIV, el dominio de Asia Oriental pasará a
manos de la dinastía Ming hasta mediado el siglo XVII. A partir
de 1644, será la dinastía Manchú quien se haga
con el control de la nación tras tomar Beijing y recuperar los
protectorados de Mongolia y del Himalaya. Es en esta época que
el Tíbet se desmilitariza, para sanear su precaria economía,
con apoyo y protección de la dinastía Manchú. Tras
numerosos enfrentamientos, a lo largo del siglo XVIII, del Gobierno
chino contra Occidente para frenar el «libre» intercambio
comercial impuesto por Europa y tras sufrir un prolongado conflicto
armado con Japón, a lo largo de los siglos XIX y XX, en china
surge un incipiente movimiento socialista Taiping que forzará
la generación de una terrible guerra civil en el país.
En 1911 se produce en el Tíbet una revolución nacionalista
frustrada que provocará que esta región sea declarada
oficialmente como parte integrante e indivisible del territorio chino,
hecho ratificado tras el establecimiento, en el año 1913, de
un gobierno democrático constitucionalista, muy influenciado
por los intereses de las potencias occidentales.
A partir de 1921 se creará el Partido Comunista Chino, el cual,
con apoyo del denominado «Ejército Rojo», se hará
con el control del oeste del país, iniciándose la llamada
«Larga marcha». En 1949 será proclamada la República
Popular China, asumiendo Mao Tsé Tung la presidencia del país
y concediéndose pleno poder político al PPCh, llegándose
a instaurar un sistema político de partido único muy similar
al existente en la Unión Soviética. Los cambios en materia
económica serán radicales: colectivización agraria,
nacionalización de las propiedades extranjeras, socialización
de la industria y reglamentación de la actividad comercial. Todo
ello culminará en el denominado «Gran paso adelante»
(1958-61), durante el cual se aplica una férrea doctrina del
terror para reestructurar la economía e incentivar la producción.
Semejantes medidas afectarán de lleno al Tíbet, lo que
ocasionará, en 1959, movilizaciones de la población tibetana
que son contestadas, con dureza, por las autoridades chinas, provocándose
la huída del Dalai Lama a India. El proceso de depuración
ideológica emprendido por el Partido Comunista Chino será
llevado a sus últimas consecuencias por el Ejército y
por los jóvenes estudiantes de la «Guardia Roja»,
que impulsarán la llamada «Gran revolución cultural
del proletariado» entre los años 1966 y 1969. De esta manera,
se impone una doctrina política que persigue sin piedad a aquellos
que pretenden ampliar los derechos civiles en el país. El Tíbet,
anexionado a China en 1950 y transformado posteriormente en región
autónoma en 1965, sufre una dura represión militar con
el fin de acabar con las movilizaciones contra la persecución
cultural y religiosa. Estos hechos se repetirán a lo largo de
las siguientes décadas. En el 2001, el Gobierno aprueba leyes
que amplian su poder decisorio respecto a las regiones autónomas
del país, al tiempo que acuerda combatir con más intensidad
a la militancia étnico-religiosa, ejerciéndose una mayor
censura sobre los medios de información y de comunicación.
Un año después, se perpetúan las violaciones contra
los derechos humanos en el Tíbet, hecho que motiva, nuevamente,
el exilio de disidentes políticos y religiosos hacia Nepal.
Un
presente desmoralizador
A pesar de las numerosas influencias ejercidas por los diferentes pueblos
invasores, no puede negarse la existencia de una identidad cultural
común tibetana, caracterizada por la existencia de una lengua
escrita común, y por la existencia de una religión budista
unitaria, compartida por todos sus habitantes, aún a pesar de
la dura política de ateísmo oficial impuesta, durante
décadas, por el Gobierno central. Aún así, China
defiende sus vigentes límites territoriales afirmando que el
Ejército ha contribuído a la liberación de un pueblo
sometido al yugo teocrático de los lamas, quienes sometían
a la población a un férreo y anacrónico sistema
social de clásicas estructuras políticas y económicas
medievales. Asimismo, se alega el gran crecimiento de la economía
en este territorio, gracias a las notables inversiones chinas en materia
de infraestructuras, comunicaciones, educación y medidas sanitarias.
Todo ello en un intento de convencer a la opinión pública
mundial de la conveniencia de que esta comunidad se sume incondicionalmente
al futuro proyecto de constitución de una nueva nación
china unificada, poderosa, dinámica y moderna. Para allanar el
camino, en los últimos años, y de forma sutil, a la par
que han crecido las aspiraciones independentistas entre la población
exiliada, en el Tíbet se ha dado un fenómeno de colonización,
en base a una fuerte inmigración de población china, especialmente
dirigida hacia Lhasa, la capital.
El propio Dalai Lama ha desmentido las acusaciones del primer ministro
chino, Wen Jiabao, y del portavoz de Exteriores, Qi Gang, quienes le
acusan de planificar la caótica situación social del Tíbet.
En un intento de desmarcarse de las desmedidas acciones reivindicativas
de sus partidarios, el famoso líder espiritual ha vuelto en los
últimos días a adoptar la postura de moderación
y de concordia que le ha caracterizado en las últimas décadas,
contraria al empleo de medidas de protesta por medio de la violencia,
actitud que le valió la concesión del Premio Nóbel
de la Paz, en el año 1989. Aunque insiste en la idea de que su
objetivo final es que se respeten los derechos humanos en su país
y se reinstaure la libertad religiosa perdida, en materia política
afirma no exigir la independencia del Tíbet, sino el establecimiento
de una autonomía real para esta región del Himalaya. En
todo caso, es evidente que la utilización de los Juegos Olímpicos
para organizar una campaña de desprestigio contra China no servirá
de gran cosa. El gobierno de Pekín se opondrá, de manera
firme y contundente, a cualquier intento de secesión en su territorio.
Tal es así, que una hipotética independencia de la comunidad
tibetana sería tan factible como la devolución de las
regiones sureñas de los Estados Unidos a México o la independencia
escocesa respecto a la Gran Bretaña.
De igual manera, tampoco es previsible que el régimen comunista
chino haga concesiones, en breve plazo, a cierto grado aperturista que
conduzca hacia un régimen de libertades civiles. Creer que unos
Juegos Olímpicos contribuirán a que disminuya la opresión
y el control de la población es de una ingenuidad supina, ya
que China ha aprendido de la lección histórica acontecida
durante el desmembramiento de la Unión Soviética en un
régimen de repúblicas federadas, territorios literalmente
conducidos hacia un forzado proceso de autodeterminación en base
a motivos étnicos, culturales, lingüísticos y religiosos.
Además, China ya se considera la nueva superpotencia económica
mundial, amparada en su poderío militar y en el privilegiado
posicionamiento que ostenta en el seno de la ONU, gracias a su derecho
de veto. Ante esta realidad, no hace falta preguntarse qué hará
la Comunidad Internacional, pues es sabido que simplemente se tomarán
«tibias» medidas de presión, para guardar las apariencias,
sin llegar a perturbar seriamente al coloso asiático. Entre ellas,
la decisión de algunos países occidentales de no acudir
a la próxima ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.
El resto de naciones callan y otorgan, dando legitimidad al Gobierno
chino en sus pretensiones de mantener la integridad territorial del
país, aún a costa de oprimir a las minorías sociales
y de impedir el desarrollo de las libertades civicas, tanto en el Tíbet
como el el resto de China. Por el momento, el asunto de los derechos
humanos queda en el limbo del olvido, por mucho que les pese a intelectuales
y artistas de Hollywood.