LA CAIDA DEL REINO DE OFIR
Rosendo
En las últimas semanas, la prensa occidental se ha hecho eco
de la grave situación social y económica que atraviesa
Zimbabwe, país del sudeste africano que antaño fuera considerado
como el granero del África negra, en especial a raíz de
los polémicos comicios electorales que han dado una nueva victoria
pírrica al presidente Robert Mugabe. El líder del partido
ZANU-PF, de 84 años de edad, intenta legitimizar ante la opinión
pública mundial lo que a todas luces es uno de los mayores fraudes
políticos acontecidos en las últimas décadas. Si
bien las primeras jornadas electorales ya auguraban malos vientos para
la democracia -al falsearse los resultados para que la oposición
no obtuviera el 50% de los votos necesarios para gobernar-, la segunda
vuelta ha estado precedida por una terrible oleada de violencia y de
persecución contra los miembros del Movimiento para el Cambio
Democrático (MDC) y sus simpatizantes. La represión ha
sido efectiva y el líder de la oposición, , Morgan Tsavangirai,
ha retirado finalmente su candidatura al temer por su vida y por la
de sus propios electores, muchos de los cuales han sido detenidos, torturados
y desprovistos de sus bienes materiales. Su renuncia ha posibilitado
que Mugabe haya siga gobernando el país, respaldado por la obtención
de más del 80% de los votos en estas segundas elecciones.
El gran Zimbabwe, mítico reino de Monomotapa que logró
establecer importantes tratados comerciales en el interior del continente
africano y abrir lucrativas rutas comerciales con el sur de Europa,
Persia, India e incluso Indonesia -tal y como relatan los exploradores
portugueses del siglo XVI-, no es en la actualidad ni la sombra de su
pasado. Este antiguo imperio ha sido sometido, a lo largo de los siglos,
a constantes invasiones, crueles regímenes esclavistas y a un
colonialismo salvaje, siendo víctima de exploradores sin escrúpulos,
corruptos misioneros evangelizadores y compañías multinacionales
depredadoras. Resulta desesperanzador ver cómo, ya entrado el
siglo XXI, sigue habiendo naciones que, aún contando con potenciales
recursos económicos e infraestructura para alimentar a la población
y conservar excedentes destinables al comercio exterior, acaban en la
más absoluta ruina por la ambición desmedida de sátrapas
sin escrúpulos. El fantasma de la crisis económica se
ha agudizado hasta el punto de haber, al día de hoy, una tasa
de paro cercana al 80% de la población activa y una inflación
desorbitada por el elevado precio de las cosas y la existencia de una
moneda muy devaluada. Todo un ejemplo de cómo un mal Gobierno,
al margen de ser un peligro potencial para el régimen de libertades
públicas, puede acabar hipotecando el futuro económico
de las familias. El hambre, la miseria y pandemias como el SIDA han
hecho decrecer de forma alarmante la esperanza de vida, iniciándose
un importante flujo migratorio hacia los países vecinos que ha
creado graves conflictos étnicos en esta región meridional
del continente africano.
La actual crisis tiene su origen en una desastrosa política económica
basada en una fallida reforma agraria. Desde hace años se ha
impulsado la expropiación forzosa de centenares de granjas, propiedad
de una minoría de familias de origen europeo, para ser entregadas
a campesinos afines al Gobierno y a veteranos de guerra en pago por
sus servicios. El Parlamento ha autorizado la desposesión de
prósperos latifundios, en manos occidentales, y su posterior
redistribución entre los ciudadanos autóctonos, sin que
en muchos casos medie indemnizacion alguna para sus ‘legítimos’
dueños. La mayoría de las haciendas fueron ocupadas, en
medio de graves disturbios, sin los conocimientos necesarios para su
administración ni la posesión de medios económicos
ni materiales para reanudar la producción agraria. Esto originó
un paro generalizado en el sector primario de la economía del
país e hizo que las compañías extranjeras congelaran
nuevas inversiones, generándose mayor desempleo y crisis económica,
lo que provocó frecuentes huelgas masivas de trabajadores y numerosas
protestas ciudadanas. Mientras tanto, Occidente ha guardado un vergonzante
silencio, en especial Reino Unido, ya que, como viene siendo habitual,
la Administración inglesa ha utilizado a sangrientos dictadores
para proteger sus intereses financieros y Zimbabwe es un claro ejemplo
de cómo las multinacionales extranjeras, codiciosas de monopolizar
la explotación de las materias primas del país, se han
visto beneficiadas por la generalizada corrupción institucional.
La oposición ha propuesto la negociación de un gobierno
transitorio de unidad nacional que suponga el fin de la violencia y
permita la entrada en el país de urgente ayuda humanitaria. Pero
es difícil que Mugabe, que todavía conserva el apoyo incondicional
de militares y excombatientes, renuncie a su cargo una vez que el sillón
del poder se le ha quedado pegado a su trasero. Entre otras lindezas,
es responsable de la creación de temibles campos de ‘educación’
donde se ha recluido a prominentes líderes políticos para
recordarles, mediante prisión y torturas, la inconveniencia de
exigir reformas democráticas en el país. El régimen
ha sido acusado de acallar las voces discrepantes de sindicalistas,
jueces, abogados y periodistas críticos con el Gobierno y de
asesinar a prominentes líderes políticos de la oposición.
Se calcula que Mugabe no sólo ha sido instigador de la muerte
de miles de compatriotas, hecho que le haría acreedor de perder
sus privilegios económicos tras ser juzgado por el Tribunal Penal
Internacional por genocidio y múltiples crímenes contra
la humanidad, sino que ha contribuido a la desestabilización
del continente al apoyar, mediante el envío de armamento y combatientes,
a regímenes criminales como el instaurado por Laurent Kabila
en la R. D. del Congo. Pero su perpetuación en el poder le asegura
inmunidad diplomática hasta su muerte. Por ahora, aunque entre
los países africanos que constituyen la Unión Africana
(UA) hay división de opiniones sobre las medidas a ejercer, la
Unión Europea y los Estados Unidos han apoyado la imposición
de nuevas sanciones económicas al régimen de Harare, que
no harán otra cosa que agravar la crisis económica de
Zimbabwe, muy acosado por los planes de ajuste estructural impuestos
por el FMI.