Acoso al Ateneu del Xino (Barcelona)

No es la primera vez que este ateneo libertario es hostigado desde la Regidoría del Distrito de Ciutat Vella. A fin de forzar el abandono de sus actividades, las multas, los permisos y las inspecciones intentan paralizar y extirpar cualquier atisbo de disidencia a su proyecto de una ciudad-escaparate.
A continuación os reproducimos un comunicado difundido desde dicha asociación.

El Ateneu Llibertari del Xino está siendo acosado por el Ajuntament de Barcelona
La regidora del distrito de Ciutat Vella, Sra. Katy Carreras se empeña en cerrar este espacio de reunión, encuentros y actividades. Que cesen las actividades nos ordenaron, y como continuamos abiertos nos multaron. Ahora vienen a precintarnos el local.
El Ajuntament nos ordenó cesar las actividades por no tener licencia. Nosotr@s nos presentamos en el Ajuntament para aclarar este tema. Les entregamos una instancia explicándoles la situación: la propiedad tiene unas deficiencias que debe solucionar el propietario, por tanto el acondicionamiento del local no sólo dependía de nosotr@s. En el Departament Técnic del Districte nos dijeron que no nos preocupáramos mientras no recibieran otra queja. Un vecino que vive tres porterías más abajo es el causante de las quejas. Los demás vecinos nunca se han quejado. La guardia urbana nos impuso la multa a pesar de decirles que habíamos recibido amenazas del vecino paranoico. Nos impusieron una multa de 600 euros y volvimos al Ajuntament, esta vez nos sacaron el libro de las ordenanzas para decirnos que eso era coma “la Biblia” y que debíamos de cumplirla y sacarnos la licencia de actividades, sobre la cual habíamos alegado que no nos constaba de que nos hiciera falta, por ser una asociación sin ánimo de lucro y no realizar ninguna actividad comercial.
Nos advirtieron que buscáramos abogado y procurador y fuéramos al contencioso administrativo, ya que por llevar una multa que hacienda se encarga de cobrar, ell@s no podían hacer nada.
Solicitamos Asistencia Jurídica Gratuita y nos han contestado que “No”, acusándonos de ser una “Sociedad Mercantil”. Hemos impugnado la resolución a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y esta vez nos han contestado: “el solicitante es una persona jurídica no incluida en el ámbito personal de aplicación de la ley 1/1196”. Curiosamente con esta ley nos habían concedido anteriormente el derecho a la asistencia en un procedimiento de desahucio. Ahora nos piden que entreguemos relleno un impreso de tasas de hacienda en el juzgado de lo contencioso administrativo. Ya lo hemos hecho y después de tantos trámites aún nos piden que nos ratifiquemos.
Y mientras, el acoso sigue produciéndose..., que si tenemos seguro de incendios..., que si entran a realizar una inspección y no se van pese a los requerimientos de que se quedaran en la puerta..., multa porque dicen que les negamos la entrada. Son muchas las denuncias y amenazas directas de la guardia urbana que hemos recibido los usuarios de este espacio en el centro de la ciudad.
El Ateneu Llibertari del Xino funciona desde 1994 y ha tenido remarcadas actividades en el ámbito de la cultura. Estamos arraigados en el barrio y eso les molesta para los proyectos que tiene de hoteles de cinco estrellas en la Illa Robador y otros negocios especulativos y mafiosos.
Estos abusos del poder no son aislados, otras asociaciones han tenido que cerrar, (el puesto de CNT en las Ramblas, el Masquef, Kasumay...) y otras se están encontrando con serias amenazas (la RAI, El Ateneu de Kornellà, el Espai Obert, la Kasa de la Muntanya).

Ateneu Llibertari del Xino

Vari@s activistas alargaron el desalojo durante 3 días
Destruido el pueblo de Itoiz

El pasado 16 de junio las máquinas entraron finalmente en el pueblo navarro de Itoiz para proceder a su destrucción. Pero no fue tarea fácil. Previamente, y durante tres días, varias personas esperaron la fatídica hora escondidas en un búnker y ancladas a los muros de las casas. Mediante esta defensa no violenta, se pretendía dificultar el desalojo y su posterior derribo del pueblo. También hubo quienes esperaron la llegada de la maquinaria encaramad@s a los tejados, si bien estos últimos fueron rápidamente desalojados.
Protegidos por la Policía Foral, la Guardia Civil y otros funcionarios del gobierno navarro, los empleados de la empresa encargada iniciaron las labores de derrumbe. Previamente se había cortado la carretera, no permitiéndose tampoco el acceso de periodistas al lugar para impedir la difusión posterior de imágenes. La celeridad con que se pretendía realizar el derrumbe, y el consecuente peligro que esta decisión suponía para l@s activistas, era suficiente motivo para intentar que no hubiese pruebas.
Con el terreno despejado de testig@s y el pueblo de Agoitz militarizado para disolver las lógicas protestas, se inició la paulatina destrucción de las casas. Para ello se abrieron boquetes sin apuntalar convenientemente los muros donde permanecían encadenad@s algunas personas, provocando su consecuente estupor. Finalmente, tras varios días de entereza y ante el temor de derrumbe originado por la actuación de los martillos neumáticos, las dos personas que permanecían escondidas en el búnker y otras que aún aguantaban ancladas a los muros, terminaron por aceptar la intervención de los bomberos. Fueron tres días de resistencia donde se consiguió aplazar la actuación de la gigantesca máquina excavadora que iba a rematar la incompetente y peligrosa faena iniciada anteriormente.
Una vez el pueblo estuvo vacío, se permitió la entrada de los periodistas. Con esta última táctica se intentaba difundir una imagen del desalojo sin traumas. Así pues, la anterior caída de las casas, producida lentamente como consecuencia de la resistencia de l@s activistas, fue reemplazada por la rápida intervención de la maquinaria pesada
Como decíamos anteriormente, durante los días que duró el derribo, la policía trató de impedir las numerosas concentraciones y muestras de apoyo en las cercanías. Tanto durante como posteriormente, el balance de detenciones llevadas a cabo por la Policía Foral ascendió a 28, siendo 25 las realizadas por la Guardia Civil. Asimismo, ya se ha realizado algún juicio a 4 de l@s detenid@s. Durante su desarrollo, tres agentes de la Guardia Civil que comparecieron incurrieron en numerosas contradicciones, y un cuarto, que habría resultado «herido» durante una carga policial, no presentó ningún parte médico. Por parte de l@s detenid@s, se denunció ante el juez los malos tratos sufridos durante la detención y el posterior traslado, exigiéndoseles el fiscal una multa 120 euros por faltas de desobediencia y lesiones.
Pero la lucha contra lo que representa el pantano de Itoiz sigue adelante, como lo demuestra la manifestación celebrada el pasado 21 de junio y la que hay prevista para el próximo día 29, donde se prevé la asistencia de miles de personas.
Asimismo, se tiene bien presenta la situación Iñaki García Koch, miembro del colectivo Solidari@s con Itoiz, que actualmente está cumpliendo condena en la prisión de Pamplona tras ser acusado de cortar los cables y paralizar las obras de construcción del pantano. Dicha acción, realizada públicamente ante la ilegalidad del proyecto que ya se había empezado, contribuyó a airear los intereses reales de un embalse que entrañará grandes peligros. Entre ellos el derivado de un posible desprendimiento capaz de llegar a romper la presa y de generar una gran ola que inundaría las cuencas de los ríos Iratí, Aragón y Ebro. La seguridad de la presa no se ha podido garantizar del todo, haciendo prevalecer en su construcción el traslado de aguas hacia la zona levantina para ser utilizada en gran parte de forma lúdica antes que permitir la supervivencia de un valle y la seguridad de miles de personas.
*Otras noticias en torno al pantano de Itoiz las podéis encontrar en las «Solis» 259, 312 y 315. Asimismo, para complementar esta información y contribuir con vuestro apoyo, os recomendamos la web:
http://www.sindominio.net/sositoiz

Cruz Negra Anarquista, ¿«ilegal»?

Una vez más, el iluminado juez Baltasar Garzón ataca. Esta vez su objetivo es Cruz Negra Anarquista (CNA), a la que define como «el aparato de captación de la organización terrorista PCE(r)-GRAPO» en un auto en el juzgado de instrucción central Nº 5 dictado en Madrid el 13 de marzo de 2003 (auto de ilegalización del PCE(R)-GRAPO).
«Nadie es inocente, tod@s terroristas». Así empezaba el comunicado que CNA publicaba respecto a este auto el 28 de abril de 2003. La utilización de los argumentos más absurdos por parte de Garzón se pone de manifiesto al asegurar que esta organización pueda representar un aparato de captación de cualquier otra. En primer lugar, como indican en su comunicado, CNA es una organización autónoma y anarquista, condición que les posiciona en contra de cualquier jerarquía y autoridad, de forma que jamás han formado parte de la estructura de ningún partido ni han sido el aparato de captación de nadie. Además, CNA no puede ser legal ni ilegal ya que es un grupo anarquista que desde 1996 empieza a hacer difusión de sus ideas en España y desde casi un siglo en todo el mundo.
El brazo logístico y de captación terrorista de estado «PP-Garzón» avanza cada vez más hacia una España «grande y libre», con la evidente persecución de Garzón y otros jueces de la Audiencia Nacional hacia grupos anarquistas. Y en aumento, ya que es la primera vez que a un grupo anarquista se le aplica la ley de partidos políticos y asociaciones.
No olvidemos tampoco cuando Eduardo García, también de CNA, fue secuestrado y llevado al centro de exterminio de Can Brians, pasando por continuas torturas y aislamiento como la ley permite con el régimen FIES (Funcionamiento Internos Especial Seguimiento) creada por el PSOE en la época del GAL. Según se ha difundido en diferentes medios informativos, dicha detención tuvo mucho que ver con la infiltración del policía Fernando Pérez López en diferentes grupos de activistas anarquistas y pro-presos, que culminó también con el arresto de varios militantes comunistas a los que la policía acusaba de pertenecer a la dirección de los GRAPO. No sería extraño que, fruto de esta infiltración, el juez Garzón esté llevando ahora a cabo un barrido por todas las organizaciones de disidencia por las que pasó el policía, que incluso llegó a asistir en Letugio a un congreso estatal de CNA.
El posicionamiento de Cruz Negra Anarquista es el de tener claro por dónde se anda y el de la guerra social para un mundo más justo que, en los dos últimos años, ha ido incrementándose un poco más al tiempo que se ha ido perfeccionando la calidad de acciones directas en la calle.

Els presos de Torà en llibertat condicional

Aviat farà tres mesos que Jordi Vilaseca Cantacorps va ser detingut sota llei antiterrorista i auto de Garzón, seguidament de Jordi Torné Chimenos i Antoni Codina Agulló. Tots tres acusats sense proves d’actes terroristes de baixa intensitat, com el de sabotatge a la població de Torà i Biosca (Lleida).
Com ja es va informar a l’última Soli (Nº 315), el primer d’ells, veí de Torà, és detingut el dia 1 d’abril pels Mossos d’Escuadra després de que s’efectuessin dies abans seguiments il.legals els quals ja varen ser denunciats, al igual que les tortures rebudes. El dia 3 d’abril són detinguts per la Policía Nacional de Lleida J.T.C. i A.C.A. per les declaracions fetes per J.V.C. sota tortura a la comisaria dels Mossos d’Escuadra, reconeixent així en estat d’ansietat els fets dels que els acusen. El 4 d’abril els familiars del J.V.C. viatgen a Madrid (Audiencia Nacional) acompanyats de l’abogat F. Arnau. Quan arriven allá se’ls comunica que en J.V.C. no s’ha mogut de la comarca. J.V.C. es trobava llavors hospitalitzat a la unitat de Psiquiatria de l’hospital Santa Maria de Lleida, degut a una crisi d’ansietat. El 5 d’abril és ingressat a la UCI amb síntomes de taquicardia a causa del tractament mèdic barrejat amb altres substàncies que “sospitosament” havia ingerit durant la seva estada a comisaria.
El pare del jove va transmetre els detalls de les explicacions del seu fill, com ara les amenaçes proferides pels agents d’internar-lo en un centre penitenciari on hi havia un grup de reclussos portadors del VIH preparats per violar-lo i que farien el mateix amb la seva companya.
Al llarg d’aquest tres mesos diferents organitzacions com el CEPC, Alternativa Estel, Alerta Solidaria o a Cordinadora Antirrepresiva de Ponent s’han movilitzat en contra de les represàlies de Garzón fins arrivar a ser un miler de persones, com a una de les concentracions convocades el dissabte 12 d’abril a Torà. Per altra part, diferents partits polítics es manifestaven amb solidaritat als detinguts desde diferents ajuntaments de Catalunya. Dit fet inicia la polémica de que els tres detinguts siguin independentistes, encara que un d’ells estigués a Alerta Solidaria (presos independentistes). Ho siguin o no, aixó no justificaría l’actuació judicial i policial. Per altra banda, es pot considerar una falta de respecte i d’oportunisme cap els pressos fer crits con “prou detencions i tortures a l’independentisme” quan ells no han fet declaracions de les seves ideologies i que cap bandera hauria d’estar per sobre dels pressos. Tots els pressos són polítics.
Dites represàlies provenen d’un seguit atacs als moviments nacionalistes que no siguin espanyols com va ser el tancament d’Eugankarria o l’il.legalització de partits polítics a Euskadi (“tots som terroristes”). Però la caça de bruixes per part de Garzón no és limita als moviments nacionalistes, sino que abarca un ampli ventall, com també hem pogut comprovar amb els detinguts anarquistes a València, Barcelona i Almeria.
La situació dels joves va ser incerta durant els quasi tres mesos que han estat empressonats i han estat objecte d’intents de criminalització per part d’alguns mitjans de comunicació. El diari Segre va publicar el dia 17 d’abril que el jutge Garzón havia intentat endurir les acusacions afegint la pertinença, servei o col.laboració amb bandes armades, organitzacions o grups amb l’objectiu de subvertit l’ordre constitucional o alterar greument la pau pública. No obstant, segons l’advocat de Jordi Vilaseca aquesta noticia no és certa ja que el jutge es trobava de vacances a l’estranger. Podria respondre, doncs, a una estratégia periodística de criminalització als moviments de ponent sense cap tipus de fonament.
A 5 dies de les el.leccions, l’Audencia Nacional va anunciar que els detinguts serien traslladats al Centre d’Extermini de Ponent pero l’empressonament s’allargat per causes injustificades. Mentrestrant, els abvocats asseguraven que l’unica manera de traslladar-los a Lleida era que es resolguès el recurs que feia més de 50 dies que Garzón tenía a les seves mans. Aquesta tardança en resoldre el recurs contradiu la Llei d’Enjudiciament Criminal, que obliga a tractar amb máxima prioritat i urgència aquests tipus de recursos. Fidel Sánchez, un dels advocats dels joves, ha explicat que l’espera es deu a “la feina que tenen per trobar proves contra ells”. Davant d’aquesta situació, els representants dels joves estudiaven interposar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional i les manifestacions de sol.lidaritat s’han fet notar arreu del país. Desde el centre d´extermini Can Brians, Amadeu Casellas, fa un escrit en suport als joves de Torà, segrestats per Garzón. Per altra banda, des que van ser detinguts, hi ha hagut concentracions a Torà i a altres punts del territori. El passat 1 de juny es va fer una manifestació a Barcelona, que va sortir de la Plaça Universitat, tot demanant la llibertat dels joves i l’abolició de la llei antiterrorista. Més de mil persones es van aplegar per demostrar el suport amb els detinguts. La manifestació va acabar a la Plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, on es va fer el discurs final, tot encoratjant el públic a noves mobilitzacions. Els manifestants varen mostrar el rebuig als Mossos d’Escuadra que guardaven l’edifici, tot acussant-los de torturadors.
Sense cap mena de dubte, aquesta pressió popular ha contribuït a que, a hores d’ara, el recurs interpossat pels abvocats hagi sigut ressolt i els tres joves es trobin en llibertat condicional sota fiança de 30.000 euros, bona part de la qual s’ha pogut reunir gracies a diferents actes de recaudació, encara que es mantenen les greus acussacions.

Lleva 24 años luchando desde dentro de las cárceles
Amadeu Casellas, nueva huelga de hambre y posible traslado

«Conocí los centros de exterminio en Agosto de 1979, en esa época los carceleros vestían ropas militares, porque eran franquistas y aún no había llegado la “democracia” a los centros de exterminio. El recibimiento que tuve, fue una paliza por parte de los carceleros porque no me ponía firme cuando me lo decían; ahí empezó lo que hoy aún no ha terminado.»
Así comenzaba un comunicado de Amadeu, escrito hace más de un año desde la cárcel de Ponent (Lleida). Desde entonces hasta nuestros días, ha vivido los traspasos de gestión penitenciarios entre el gobierno central y la Generalitat –circunstancia que poco o nada modificaría sus condiciones internas– y ha visto difuminarse las promesas realizadas por políticos que estuvieron en la oposición cuando finalmente llegaron al poder. Todas estas experiencias le han convertido indirectamente en un reflejo de lo ocurrido en las cárceles «democráticas» desde la llamada transición hasta nuestros días. Los últimos vestigios de lo que fue la COPEL y la huelga de hambre de 1982, que llegó a aglutinar 1.800 presos, son algunos de los significativos momentos de los que ha sido testigo y partícipe.
El delito del que se le acusó entonces fue el de robo a entidades bancarias y tenencia ilícita de armas, si bien siempre ha sostenido que nunca ha recurrido a la violencia, tanto fuera como dentro de las cárceles. Desde aquel entonces hasta hoy, ha visto morir a demasiados compañeros tras mantener actitudes tan combativas como la suya. Sus reivindicaciones han tenido que acompañarse de huelgas de brazos caídos, coserse la boca y numerosas huelgas de hambre, como la que iniciaba hace unos días. Con ellas ha obtenido alguna conquista dentro de la dura cotidianeidad de cualquier pres@: mejoras en la comida, en la higiene y, en general, de cualquier aspecto relacionado con las condiciones de vida penitenciaria.
Para dificultar estas denuncias internas, los traslados han sido una constante durante todo este tiempo. La Modelo, Ponent, Brians y Girona son las prisiones donde ha ido dejando la huella de su actitud, siempre combativa. A pesar de haberse cumplido el plazo máximo de condena por el cual se le acusó en su día –20 años según el artículo 76 del Código Penal–, a Amadeu aún se le retiene al considerársele un «preso conflictivo» por el simple hecho de reclamar sus derechos.
La última queja presentada desde la cárcel de Brians (Barcelona), donde actualmente se encuentra recluido, hacía relación a la violación contra la intimidad y dignidad de las personas. En un reciente comunicado denunciaba el sistema de cámaras de vigilancia de dicha prisión, «las cuales entran dentro de la celda. En ella pedía que como mínimo se nos facilitaran cortinas para preservar nuestra intimidad». Su queja, tras seguir los cauces habituales, obtuvo la también habitual desestimación del juez, acogiéndose éste a las declaraciones de los carceleros que dicen que todas las ventanas tienen cortina.
En otra de las resoluciones «se desestima las comunicaciones con un gran amigo, es porque según los carceleros y el propio juzgado, este amigo difundía los comunicados de la realidad de estas cárceles y según ellos son falsas. Pero no me persiguen penalmente a pesar que yo les reto, porque son conscientes que en el caso de hacerlo, saldrían cientos de testigos que avalarían cada palabra y añadirían más de lo que yo digo en los propios comunicados. En esa misma resolución también dice que yo tengo que estar fuertemente incomunicado por ser anarquista y puedo influir de forma muy negativa con una propaganda sectaria. O sea que según los carceleros y el juez, los anarquistas somos una secta. Hasta ese punto puede llegar la ignorancia o la mala intención de los carceleros y el propio juez».
A las protestas contra las incomunicaciones a las que es sometido, se les encuentra cualquier tipo de fundamento jurídico, como se desprende de uno de los últimos dictámenes: «en este caso se debe ratificar la medida atendiendo al interés que mueve al interno para desprestigiar las Instituciones Penitenciarias, cuestionando las finalidades legales del tratamiento penitenciario, por motivos ideológicos al declararse anarquista. Por lo cual no debería de extrañarse por la restricción de las comunicaciones que tratan de impedir la transmisión de esta propaganda sectaria, que no es legítima como verdad por el hecho de no perseguir penalmente a su autor —como reclama el interno—, atendiendo a la protección de la libertad de expresión que tiene éste, sino que se trata de proteger al resto del colectivo de internos de los efectos perversos de aquella propaganda anti-sistema mediante la posibilidad de su trasmisión en el ámbito penitenciario, siendo la comunicación oral prohibida la vía para la transmisión de dicha propaganda.»
Para forzar un traslado que le alejase de la dura situación a la que está sometido en Brians, hace unas semanas decidió iniciar una nueva huelga de hambre y de sed. Después de varios días, y para no dañarse los riñones que ya le habían dado algún aviso, decidía ingerir agua para no tener secuelas posteriores. Fue dejar la huelga de sed y comunicársele que formalizara su petición de traslado. «...me dijeron de parte del director que les diera una instancia pidiendo el traslado porque todos los funcionarios trabajadores de la cárcel y el juez estaban hartos de mí,... he pedido la Modelo, Girona o Trinitat, por lo que me dijeron tanto el jefe de módulo como el del DERT, ellos mismos harían un informe para que me echaran de aquí,... lo que creo que es evidente es el traslado por la presión que estamos ejerciendo y que así debe continuar, ya que es la única manera de salir de aquí.»
Con las esperanzas puestas en un posible traslado, el pasado 7 de junio decidió finalizar su huelga de hambre, siendo buena su situación anímica según se desprende de un comunicado difundido tras la última visita que le fue concedida.
Pongamos fin a tantos años de sufrimiento. Exijamos su Libertad.