La CNT de L’Hospitalet (Barcelona) está llevando una campaña que pretende recabar la mayor colaboración posible. El contencioso es con la cadena de supermercados Schlecker, dedicada principalmente a la venta de productos de droguería y limpieza, y se inició el pasado 5 de febrero, fecha en la cual la compañera estaba de baja médica. El motivo que se ha alegado para justificar el despido es la sustracción de 3.000 euros en distintos ingresos que se debían hacer a una entidad bancaria, por lo que la denuncia también está siendo tramitada por vía penal. La acusación cae por su propio peso, ya que aunque en su contrato se estipulaba que debía efectuar los ingresos bancarios, nunca los había realizado, estando encargada de ello otra persona. En un primer intento de mediación con la empresa, previo al juicio, no se ha producido ningún acuerdo, por lo que la denuncia está siguiendo su curso en espera de juicio. L@s compañer@s de dicho sindicato solicitan vuestro apoyo extendiendo las protestas en aquellas localidades donde Schlecker tenga algún tipo de representación.
Para más información podéis informaros por teléfono (93 448 28 55)
o e-mail: cnthospi@hotmail.com

Según un estudio dirigido por un catedrático de economía de la Universitat Autònoma de Barcelona para una empresa de trabajo temporal, los inmigrantes residentes en España tienen un nivel de formación medio superior al conjunto de la población española. El estudio, basado en los datos de la Encuesta de Población Activa, ha roto el tópico basado en que los inmigrantes tienen una bajo nivel educativo. A pesar de desempeñar habitualmente trabajos de calificación menor – y del bajo índice de estudios presente en el colectivo de inmigrantes africano (69%)–, los resultados arrojan unas cifras comparativas que respaldan dicha conclusión. Un 29% de los inmigrantes, frente al 22% de la población española, tiene un nivel de estudios elevado (diplomados y superiores); otro 28% frente a un 20% cuenta con estudios secundarios (obligatorios y no obligatorios), y un 43% frente al 57% posee estudios primarios o inferiores.

El sector textil, tradicionalmente ligado a la economía sumergida al contar con numeros@s emplead@s que trabajan sin contrato en sus hogares, ha dado nuevamente muestras del alto nivel de explotación laboral que padece. El provecho que algun@s empresari@s acostumbran a obtener merced a la Ley de Extranjería es evidente. Much@s de l@s emplead@s que contratan proceden de la inmigración, no tienen la documentación necesaria, trabajan en la clandestinidad y no hablan ni entienden el idioma, circunstancia que hace aún más difícil el organizarse para combatir su situación.
Hace unos días han salido a la luz dos casos que evidencian lo expuesto. El primero en la localidad de Mataró (Barcelona), donde 5 talleres clandestinos de confección regentados por personas de origen chino han sido desmantelados. Los locales no sólo eran utilizados como talleres, además eran el hogar clandestino de l@s emplead@s, que trabajaban sin contrato y consiguientemente sin papeles que regularizasen su situación. Tras esta operación policial han sido detenidas 4 personas. Cuatro de ellas son propietarios del negocio y el resto empled@s indocumentad@s.
El segundo caso, con cobertura televisiva incluida, hace referencia a la detención de una empresaria de la que sólo se ha facilitado su nacionalidad española, sus iniciales y su edad. La explotadora, que posee un negocio en la localidad de Alcaudete de Jara (Toledo), ha sido incomprensiblemente puesta en libertad al día siguiente de su detención. Las imágenes, ampliamente difundidas, mostraban cómo dentro de un zulo en forma de «L» de 50 cms. de anchura se apretujaban 26 inmigrantes de origen rumano a fin de no ser descubiert@s.

Las irregularidades en el mundo laboral son un hecho desgraciadamente frecuente, pero más aún si éstas se cometen desde la misma administración que predica combatirlas. Mediante la contratación de personal eventual destinado en el Plan Infoga para prevenir incendios, se ha estado vulnerando el Convenio Personal Laboral de la Xunta de Galicia. Con el objetivo de ahorrarse una parte considerable en salarios y de desligarse laboralmente de sus contratad@s, la Xunta acostumbra a firmar con los ayuntamientos un acuerdo por el que traspasa la gestión y contratación de las cuadrillas empleadas a dicha administración local, como no, previa subvención autonómica. Como la subvención ofrecida es inferior a los salarios que marca el citado convenio, las contrataciones se hacen sin que l@s emplead@s puedan acogerse a convenio alguno, pagándoles y poniéndoles unas condiciones laborales totalmente arbitrarias. Esta fórmula, que al parecer no encuentra ningún obstáculo en el INEM, se ha venido utilizando con cientos de contratos ilegales durante varios años, siendo inexistentes las inspecciones de trabajo convincentes. No obstante, la cosa puede cambiar. Recientemente se han conocido las sentencias firmes de dos denuncias presentadas por dos compañeras de la CNT de Galicia que han demostrado haber trabajado durante 3 meses en unas condiciones laborales deplorables. En las denuncias ha quedado al descubierto el compadreo existente entre el gobierno autónomo y diversos ayuntamientos gallegos. Las sentencias conseguidas responsabilizan a la Xunta de Galicia y al ayuntamiento a responsabilizarse de la diferencia salarial existente entre lo pagado y lo marcado en el convenio, dándose la circunstancia de que a una de ellas, en tan sólo 3 meses, se le adeudan 1.800 euros (300.000 ptas.). Con esa victoria, se ha desmantelado esta trama administrativa de contratación fraudulenta, siendo por tanto obligatorio el pago marcado por convenio en todos los contratos.

Aun a sabiendas del escaso éxito de la convocatoria de partir ésta únicamente desde nuestra organización, distintos sindicatos de la CNT venían reclamando desde hace semanas la necesidad de una huelga general ante la invasión de Irak. Tal posibilidad fue reivindicada y compartida con otros colectivos, convocándose finalmente un paro general de 24 horas durante el pasado 10 de abril. Ante del oportunismo reflejado por los habituales sindicatos y partidos políticos, hemos vuelto a poner de manifiesto que la huelga general, el boicot y la desobediencia civil, entre otras cosas, son nuestras principales herramientas para transformar un sistema económico capaz de justificar todo tipo de atrocidades, incluido una invasión armada con claros fines colonialistas.

La formación de los desempleados en un área tan significativa como las nuevas tecnologías descendió durante el pasado año a la mitad. A tenor de datos hechos públicos por el mismo gobierno, de los más de 120.000 beneficiarios del 2001 se ha pasado a algo más de 52.000. Por comunidades autónomas, nuevamente Madrid, seguida de Euskadi, Castilla La Mancha y Galicia, ha sido la que más cursos de formación «dice» haber impartido. Esta circunstancia puede estar reflejada en otro dato: l@s internautas madrileños son l@s que más recurren a internet para encontrar trabajo. El perfil medio de quienes utilizan este medio es de personas licenciadas, entre 25 y 35 años, pero con escasa experiencia laboral. El 40% de quienes están inscritos en bolsas de trabajo de internet no han trabajado nunca o su experiencia laboral máxima se limita a tan sólo 2 años. Visto esto, pocas perspectivas de empleo fijo pueden esperar quienes acceden a un sector laboral en alza pero altamente inestable y precario.

Ahora más que nunca, anarcosindicalismo
Un anarcosindicalista
En estos últimos años de exagerada globalización, donde el capitalismo ha hecho redoblar tambores de guerra, los políticos y los sindicatos «mayoritarios» bien se nos han pintado este desdibujado trazo de bienestar, donde parece ser que el beneficio del capital sea el buen camino.
La realidad que nos toca vivir es muy diferente. Montajes policiales, la precariedad y explotación en el trabajo, las protestas vecinales, etc., nos enseñan la verdadera cara del sistema, ésa que la gente no quiere mirar, o más bien no saben ver. Es cierto, el movimiento obrero está siendo manipulado y desencantado con el sindicalismo. Obvio si el modelo que impera de defensa es el que te muestran CCOO y UGT, que se preocupan más de tener gente liberada, de recibir subvenciones, de regularizarnos de empleo o de cursillos, que de la lucha contra el capital.
Llevamos dos siglos de luchas obreras continuas y conquistas notables, pero parece ser que las burocracias sindicales existentes ya se encargan de borrar de la memoria de la gente estos hechos y las tácticas que tanto nos han dado. Sí, el asamblearismo, la acción directa y el sabotaje, fueron y son cosas de las que ya ningún sindicato (CCOO, UGT y sus hijos) hablan ni practican, niegan ese enfrentamiento directo con el empresario y lo sustituyen por papeles de despachos. Ya no hablan del sabotaje tan dañino para el capital, de métodos empleados como el «go canny» (a mala paga, mal trabajo) que consiste en vender tu fuerza según lo que te remuneren por ella. Es decir, si tú vas a comprar una máquina intentas comprar toda la potencia de esa máquina al mínimo precio para que desarrolle el máximo trabajo; el obrero es la máquina y su fuerza la potencia el empresario nos intentará pagar (comprar) lo menos posible a cambio de que nosotros produzcamos lo máximo posible. O sea, a esto se le aplica el «no te canses», aunque claro, si te estipulan una producción mínima se puede optar por sabotear la calidad. Este método de lucha en los siglos XIX y XX dio grandes conquistas y de él ningún sindicato mayoritario habla (existen infinidad de métodos como éste). Otro método factible puede ser «la huelga de celo» (obstruccismo) que consiste en un proceso de sabotaje al revés, en aplicar con un cuidado meticuloso los reglamentos, en realizar la labor que cada cual tiene a su cargo con una prudente lentitud y un cuidado exagerado (es muy factible en empresas de comida rápida).
El sindicalismo se ha convertido en un mero administrador del reparto de las migajas que el capitalismo nos da. Han borrado lo que debe ser un sindicato, han tirado por el suelo la unión de los trabajadores/as soñadores y conscientes de un mundo nuevo, han debilitado la lucha tanto hasta el punto de abandonarla, han vendido al obrer@.
Ahora más que nunca es necesario el anarcosindicalismo, el combativo de acción directa, el autogestionado, el que no pacte con el que explota, el que sólo entienda una palabra, LIBERTAD.

Nueva huelga indefinida en Tomares
Seguramente recordaréis el conflicto que la CNT de Tomares (Sevilla) llevó a cabo el año pasado. Tras varias semanas de huelga indefinida l@s emplead@s en la empresa Pilsa, dedicada a servicios de limpieza y recogida de basura, consiguieron un duro pero importante triunfo (ver «Soli 309»).
La contratación del servicio de limpieza de dicha localidad corre actualmente a cargo de la empresa «Ferrovial Servicios» (FERROSER), donde l@s mism@s compañer@s están constituidos como sección sindical de CNT. Según manifiestan, aunque sus condiciones han mejorado tras la huelga de 22 días del año pasado, la empresa ha incumplido muchos de los acuerdos conseguidos. Debido a ello se llevan presentadas más de 80 demandas individuales ante los juzgados de lo Social, intentándose negociar un convenio de empresa hasta ahora infructuosamente.
Entre los acuerdos arrancados el pasado año, está una cláusula de garantía laboral que impone a la empresa la obligación de readmitir a cualquier emplead@ en caso de despido improcedente, de forma que sea ést@, y no la propia empresa, quien pueda optar entre dicha readmisión o bien una indemnización. La cláusula, con vigencia de un año, concluía el pasado 9 de marzo.
Sabedores de la combatividad sindical demostrada, la empresa está intentando deshacerse de la sección sindical de CNT, pretendiendo incumplir además los compromisos adquiridos. La situación ha llegado hasta el extremo de amenazar con despedir a toda la sección.
Ante tales expectativas, l@s compañer@s han convocado una nueva huelga indefinida que empezó el 17 de marzo, siendo sus reivindicaciones las siguientes:
- La vigencia indefinida de la cláusula de garantía laboral.
- La negociación de un convenio de empresa.
- El cumplimiento íntegro del acuerdo firmado el pasado año.
- La revisión salarial del año 2002 y la subida correspondiente al 2003.
Esta huelga se prevé más difícil que la anterior. FERROSER está intentando romper la unidad de la sección sindical, y está afiliando a otros empleados a UGT (sin pagar cuotas) a fin de crear una sección sindical fantasma de dicha organización. Asimismo, la Delegación de Trabajo ha fijado unos servicios mínimos que superan el 50% (más del doble del año pasado).
Por si esto fuera poco, aunque la totalidad de la plantilla está secundando la protesta, FERROSER ha traído un camión con personal desde Huelva, circunstancia por la cual ya se han presentado las correspondientes demandas. Este nuevo intento de deshacer la lucha se está efectuando con la connivencia del ayuntamiento, gobernado por el PSOE. La recogida de basuras se realiza bajo una fuerte protección policial que ya ha originado dos detenciones y varios heridos, encontrándose las negociaciones rotas en el momento de redactar la noticia.
Las movilizaciones tras varios días de huelga siguen adelante. Además de las manifestaciones-caceroladas que se vienen desarrollando en la localidad, recientemente se llevó a cabo un encierro de mujeres y niñ@s en la alcaldía que tuvo que ser desalojado por la policía. Asimismo, una acción de apoyo que ha tenido cierto seguimiento mediático en la prensa y la televisión autonómica tuvo lugar cuando se cumplían 10 días del inicio de la huelga. En uno de los edificios más altos de la localidad unos compañeros se solidarizaron subiéndose a él durante 2 horas y desplegando una pancarta de apoyo al paso de la manifestación.
Las medidas coactivas promovidas desde FERROSER para conseguir el fin de la huelga siguen adelante. Lo último ha sido el envío de varias cartas anunciando el despido por motivos disciplinarios a 4 compañeros, algo totalmente ilegal.
Ante tales expectativas se solicita el mayor apoyo solidario posible, ya sea acudiendo a sus convocatorias de movilizaciones, protestando vía telefónica o por fax a la empresa y al ayuntamiento, extendiendo el conflicto a otras localidades donde FERROSER tiene contratados sus servicios, o aportando cualquier sugerencia o ayuda económica.
Para quienes queráis información permanente sobre la huelga se ha habilitado un teléfono: 600 019 658.
Quienes deseéis enviar vuestra protesta, podéis hacerlo dirigiéndoos a las oficinas del Grupo Ferrovial (Fax: 91 586 26 77 y 95 922 84 52) o correo electrónico (e-mail: mail@ferrovial.es); o bien al Ayuntamiento de Tomares (fax: 954 15 38 54).
También se ha abierto una cuenta corriente para quienes queráis apoyar económicamente su lucha:
0049 - 5423 - 23 - 2695021674

Nissan, intento de doble escala salarial
Uno de los sectores que más directamente se está viendo afectado por la globalización económica es el automovilístico. El traslado de la producción a países donde la mano de obra es más rentable para las empresas está siendo utilizado por éstas para conseguir una mayor flexibilidad laboral, es decir, unas condiciones laborales más precarias. Y en esa terminología de trileros, donde las palabras pasan a tener un nuevo significado más aséptico, es donde los llamados sindicatos mayoritarios acostumbran a refugiarse de sus traiciones.
Participando en las estrategias coactivas de las empresas, muchos comités pactan unos convenios laborales cada vez más precarios. Así pues, no es de extrañar que acaben asumiendo lo inasumible, como ocurre con las doble escala salarial. Aceptar su implantación es ir contra el lema «igual trabajo, igual salario», tan propio del movimiento obrero. El caso de SEAT ya fue revelado en su día por la sección sindical de CNT en la empresa. En él CCOO y UGT terminaron por legitimar la contratación de nuev@s emplead@s que pasaban a cobrar ostensiblemente menos por desempeñar trabajos idénticos (ver «Soli 308»).
Recientemente el caso de Nissan ha saltado a la palestra. Esta empresa, también del mismo sector e igualmente con una importante implantación en Catalunya, ha intentado introducir en su convenio patronal una doble escala salarial para l@s nuev@s contratad@s. En ellos se pretendía plasmar una rebaja de hasta un 17% cuando, curiosamente y al mismo tiempo que se acordaban tales rebajas, se tramaba una subida salarial para los 300 supervisores que iba a suponer un desembolso mayor que el pretendido ahorro.
¿Por qué y cómo se ha paralizado el acuerdo? Pongámonos en situación. Antes de nada es conveniente aclarar que por esas fechas las elecciones sindicales estaban a la vuelta de la esquina. Días antes Nissan había alcanzado un acuerdo con UGT y SIGEN (Sindicato Independiente del Grupo de Empresas Nissan), donde se acordaba la doble escala salarial. Sea por frenar lo aceptado en otras empresas, sea por estar en plena campaña, CCOO y CGT, integrantes también del comité de empresa, llevaban separadamente el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, donde dicho acuerdo se ha paralizado.
La respuesta de Nissan ha sido la coacción. Para ello ha optado por congelar los sueldos y amenazar con el traslado a otros países de un nuevo modelo de automóvil que, según dicen, iba a realizarse en las factorías catalanas. Josep Maria álvarez, secretario general de la UGT en Catalunya, se despachaba utilizando también este pretexto para justificar la traición de su sindicato. Aducía que estaban obligados a «adoptar medidas de flexibilidad pactada que se deben concebir para garantizar la ocupación estable y de calidad». Asimismo, dejaba entrever el trasfondo real del asunto al manifestar que «el pretendido debate sobre la flexibilización de las relaciones laborales fruto del contexto de recesión económica necesita algo más de tranquilidad que la que ofrece un proceso de elecciones sindicales». De no ser así, ¿cómo puede alcanzar CCOO acuerdos similares en otras empresas del mismo sector?
Por si acaso, antes de las elecciones convenía dejar el camino allanado. La empresa, interesada en desatascar el proceso en el que se encuentra el convenio de empresa, el día anterior anunció su intención de negociar un nuevo acuerdo con el comité que saliese elegido. El propio Joan Coscubiela, secretario general de CCOO en Catalunya contestaba que su sindicato «tiene capacidad para negociar».
Lógicamente, tras celebrarse las elecciones parece que se anuncia cierta calma, aunque será esclarecedor comprobar cómo se deshace el entuerto. A pesar de que UGT ha perdido 3 delegados en el camino, los sindicatos firmantes del convenio anulado siguen contando con mayoría en el comité de empresa. Por su parte, y como era de esperar, desde CCOO ya se han arriado las velas y se ha hecho un llamamiento a la UGT destinado a conseguir una unidad sindical que les permita «hacer un sindicalismo de clase».
Ante la trayectoria sindical y oportunista al que ambas organizaciones nos tienen acostumbrados sólo cabe plantearse a «qué clase» de sindicalismo se refieren. ¿Al de trileros?

No al encarcelamiento de los encausados
de la Huelga General
Durante la huelga del 20 J, y a raíz de las movilizaciones, se efectuaron numerosas detenciones en todo el estado. Tres de las personas detenidas en Barcelona han sido condenadas a prisión, por lo que hacemos un llamamiento a la solidaridad para impedir su encarcelamiento.
En los últimos años, nos enfrentamos a un deterioro acelerado de las condiciones de trabajo, agravado por las políticas sociales y laborales aplicadas por el PP (entonces el decretazo, retirada del PER, privatizaciones...). El grado de descontento y crispación desembocó el pasado 20 de junio en una Huelga General, a la que el gobierno respondió con un bloqueo mediático, la minimización de una participación que tod@s sabemos fue masiva, y una brutal represión que contó con más de «1.000 intervenciones» policiales de las que resultaron docenas de detenidos en piquetes de todo el estado.
En Barcelona, los piquetes sufrieron desde la media noche el control y el acoso por parte de la policía secreta y los antidisturbios. De madrugada se produjeron las primeras cargas contra los huelguistas en los polígonos industriales, en el transporte público no se respetaron los servicios mínimos que el gobierno pretendía imponer y no salió ningún periódico a la calle. Ya ascendían a 5 los piqueteros detenidos cuando las diversas movilizaciones, en las que participaron más de 200.000 personas, recorrieron el centro de la ciudad durante la tarde. Una de ellas finalizó con un concierto en la Plaza de la Catedral, donde se reanudaron los altercados frente al edificio de Fomento del Trabajo, un «Pizza Hut» que permanecía abierto y la Caixa de Catalunya. Posteriormente diferentes grupos de policías detuvieron a un total de 23 personas, algunas de ellas mucho más tarde y lejos de la plaza.
Tres personas fueron detenidas por los mossos d’esquadra en el barrio de Gràcia y, tras permanecer dos días en los calabozos, fueron puestos en libertad con cargos de desórdenes públicos y daños. A pesar de la interposición de un recurso por parte de una de las abogadas, fueron sometidos a un juicio rápido que se efectuó en el plazo de un mes. Durante el juicio, la juez suplente Carmen Murio Gonzales, del juzgado penal n.º 3, impidió declarar a varios testigos de la defensa, ignoró procedimientos judiciales en perjuicio de los compañeros y en general se mostró descaradamente tendenciosa a favor de los intereses del fiscal, en sus conclusiones niega la credibilidad de los testigos por haber acudido a la manifestación. La sentencia ratificó la petición fiscal de 2 años por desórdenes públicos, 20 meses de pena-multa por daños (10 meses de cárcel o 3.600 euros) a cada uno y una indemnización millonaria de 66.780 euros que la Caixa de Catalunya pretende cobrar y otra sin especificar a la guardia urbana. La pena-multa, en vigor desde la reforma del código penal de 1996, es un tipo de condena que canjea la cárcel por dinero. En este caso, al ir ligada a una indemnización desorbitada podría condenar a prisión a los compañeros. Esta modalidad de castigo, cada vez más empleada en conflictos laborales como de otro tipo, discrimina claramente a l@s más precari@s y refuerza la invulnerabilidad de los más poderosos.
La audiencia provincial tras volver a rechazar testigos, desestima los recursos y se ratifica en la sentencia que pasa a ser firme. Tal y como han ido las cosas y si no hacemos por impedirlo, podría suponer el ingreso en prisión de los tres compañeros por no poder afrontar el pago de las indemnizaciones que exige Caixa Catalunya, entidad que en el 2001 facturó un total activo de 29.222.32.000 euros y que además cuenta con un grupo financiero en el que figuran compañías de seguros (Ascat Vida y Ascat Corredoría), inmobiliarias... La composición del consejo de administración de esta entidad de carácter supuestamente «público» merece ser señalada: un tercio está en manos de empresas principalmente vinculadas al PSC, otro tercio pertenece a la Diputació de Barcelona, controlada por el mismo partido, y el restante está en manos de los sindicatos SEC (Sindicat d’Estalvi de Catalunya), CCOO y UGT. Asimismo, mantiene suculentos contratos con la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y con la Universitat de Barcelona (UB), así como la obligación a todos los estudiantes de abrir en Caixa Catalunya su cuenta para poder matriculase.
Por todo esto, planteamos una campaña urgente de solidaridad con los represaliados de la huelga, enfocada a lograr que la Caixa Catalunya no exija una indemnización, evitando así el encarcelamiento de los compañeros. Para que la campaña sea efectiva, es necesario que se impliquen en ella el mayor número de organizaciones obreras (sindicatos, asambleas, comités...) que sea posible y que actuemos con rapidez pues disponemos de pocas semanas para paralizar el proceso en lo que respecta a Caixa Catalunya. Por supuesto que este llamamiento a la solidaridad se extiende a todo tipo de colectivos sociales que se sientan implicados, pero consideramos que debemos ser aquellos que llamanos y participamos activamente en la huelga los que asumamos el compromiso de solidaridad con los detenidos en piquetes y manifestaciones. Es necesaria la difusión lo más rápida posible de este texto a través de los canales que tengáis a vuestro alcance, así como del modelo de fax a la Caixa de Catalunya que lo acompaña (de no ser así lo podréis encontrar en la página web que firma abajo). Además se está coordinando acciones de apoyo para principios de abril, de momento os convocamos a una concentración frente a su sede central en la Av. Catedral para el próximo 10 de abril a las 18 h. Para hacer concentraciones el mismo día los que estéis fuera de Barcelona podéis encontrar en la web www.caixacatalunya.com un directorio de todas sus oficinas en todo el estado e información sobre su estructura interna, negocios,...
Por otra parte, a mediados de marzo les ha llegado a otras tres personas detenidas durante la huelga de Barcelona, la petición del fiscal que entre cárcel y pena-multa asciende a cinco años en total. Informaremos en cuanto sepamos más a la vez que os pedimos que nos hagáis llegar al correo en la web encausados20j@sindominio.net, información sobre la represión de la huelga general.
Para contribuir económicamente con la campaña hemos abierto el número de cuenta:
3139-89-2100831421 en la Caixa de Pensions (alguna tenía que ser).
Grupo de Apoyo a los Encausados del 20-J
www.sindominio.net/encausados20j

Dos años después: Sintel seguimos siendo todos
La lucha de los trabajadores de Sintel ha sido una de las más representativas de los últimos años en el campo de las reivindicaciones laborales. Los más de seis meses del «Campamento de la Esperanza» en pleno centro de Madrid dieron a este conflicto una gran presencia mediática,. Pero con el paso del tiempo, acabada ya esa protesta, la situación ha dado un giro evidente.
Las reivindicaciones de Sintel nacen de la situación iniciada en 1996, cuando la filial de Telefónica (aún empresa pública), es «vendida» a la familia Mas Canosa, cabecilla de la oposición anticastrista en Miami. A partir de ahí la corrupción empresarial y política –con la pasividad o complicidad de dos gobiernos, el último socialista y el de la primera legislatura del PP– lleva a una situación límite a los trabajadores: despidos, impago de nóminas y finalmente la quiebra de la empresa tras 11 meses sin pagar los sueldos, con los trabajadores totalmente desprotegidos.
De ahí la ocupación de la Castellana y la creación de un campamento que funcionó de forma asamblearia durante 187 días, acompañado de movilizaciones de las compañeras de los trabajadores, mensajes de apoyo desde todos los ámbitos y una gran respuesta social. El campamento se disolvió por decisión mayoritaria ante un acuerdo del Gobierno que suponía prejubilar a una parte de los trabajadores y devolver sus puestos de trabajo al resto, entre otras condiciones.
Han pasado casi dos años de esto y los acuerdos no se han cumplido. El Gobierno únicamente ha prejubilado a 470 trabajadores de los 1800 que formaban la plantilla de Sintel. El resto sigue igual, a punto de agotar las prestaciones por desempleo y sin ninguna expectativa cara al futuro, ya que Telefónica no entrega la cartera de pedidos que permitiría a estos trabajadores poner en marcha una cooperativa.
Ante esta situación, los trabajadores de Sintel han vuelto a las movilizaciones. Pero ahora totalmente abandonados por los representantes sindicales que un día les apoyaron, CCOO y UGT, que no sólo no defienden los acuerdos alcanzados en su día, sino que tampoco respetan las decisiones tomadas asambleariamente por estos trabajadores. CCOO llegó a impedir la celebración de una asamblea general y a desalojar a estos trabajadores de su sede, en la que se encerraron para protestar por este hecho.
Los trabajadores de Sintel señalan que se sienten traicionados por los sindicatos, y que sólo las CCOO de Madrid les han apoyado enfrentándose al resto del sindicato.
En este estado de cosas se ha estrenado «El efecto Iguazú», un documental de Pere Joan Ventura que muestra la realidad del campamento de Sintel, con imágenes seleccionadas a partir de muchas horas de filmación de su vida cotidiana y los testimonios de los trabajadores acampados. El film intenta ir más allá, con la voluntad de extrapolar la experiencia de estos trabajadores a la realidad laboral del mundo capitalista. El título se lo da uno de los protagonistas: Hoy los trabajadores, en este modelo económico del capitalismo globalizador, somos como pescadores en barca. Creemos que el río está en calma, y sólo nos damos cuenta de lo que ocurre cuando la barca, tu empresa, se acerca a la garganta (a Iguazú)
Para estos trabajadores, el estreno (muy minoritario, por otra parte) del film ha supuesto la esperanza de volver a la actualidad y recuperar la presencia social que un día tuvo su lucha. Para ellos, «mientras se hable de nosotros, podremos seguir» .